SE entregó 650 mdp a organismos empresariales
Durante el sexenio pasado, la Secretaría de Economía entregó más de 650 millones de pesos a organismos empresariales con la finalidad de apoyar emprendedores y pymes.
Hasta el momento no se sabe dónde está ese dinero.
Investigación de la FGR
Una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) revela que se usaron los recursos del Fondo Nacional del Emprendedor para pagar a empresas fantasma la realización de servicios.
Sin licitaciones se entregaron los recursos mediante 249 convenios firmados con organismos como Concamin, Canaco y Canacintra.
La Concamin confirmó que recibió más de 70 millones de pesos a finales del 2018.
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó más de 40 irregularidades en las formas en cómo se entregaron los recursos para emprendedores asignados a intermediarios como Canaco o Canacintra entre 2015 y 2018.
Las irregularidades se llevaron a cabo durante la administración de Ildefonso Guajardo, quien hoy se encuentra bajo investigación por enriquecimiento ilícito.
El dinero fue canalizado a través del extinto Instituto Nacional del Emprendedor, el cual era un órgano desconcentrado de la SE.
El documento de la ASF concluye así:
“En términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Se identificaron deficiencias de control en las actividades que desarrolló el INADEM para realizar el seguimiento de la comprobación del ejercicio y aplicación de los recursos de los proyectos que previamente fueron autorizados”.
Los intermediarios
En el 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) con el cual impulsarían a emprendedores y fortalecerían el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Su principal función sería supervisar y vigilar la correcta operación del Fondo Nacional del Emprendedor.
El Fondo Nacional del Emprendedor tenía como regla de operación que los recursos no se asignarían directamente a los beneficiarios, sino que sería canalizado a través de “órganos intermedios” que postularían proyectos para así asignar recursos, sin necesidad de una licitación.
Las auditorías de la ASF mostraron irregularidades en las reglas, como por ejemplo:
- No se establecía la documentación mínima para acreditar el desarrollo de los proyectos.
- No se contaba con un tabulador para la asignación de recursos de manera directa.
- No había mecanismos adecuados para evitar la duplicidad en los apoyos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en diciembre del 2018 la extinción del INADEM.
Finalmente, en una votación dividida en el Senado, se avaló la desaparición del instituto en junio del 2019.
Los proyectos
El INADEM autorizó proyectos con cargo al Fondo Nacional del Emprendedor; los recursos se siguieron entregando incluso después de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Entre los proyectos que fueron solicitados por Concamin, destacan los siguientes convenios:
- CFNE-016/2018
- CFNE-017/2018
- CFNE-018/2018
- CFNE-013/2018
- CFNE-035/2018
El objetivo era impulsar programas y acciones para fomentar la inversión, incorporar cadenas de producción y generar oportunidades de emprendimiento.
Las solicitudes para acceder a los recursos fueron presentadas por Luis Hernando Cervera, director general de Concamin. Los oficios muestran que no se mandó copia a Francisco Cervantes, jefe de Cervera.
La FGR recibió una denuncia promovida por un particular en la que se advirtió que los servicios no se habían llevado a cabo como estaban pactados en los convenios, por lo que abrió una carpeta de investigación. Así lo indica la denuncia:
“Hubo simulación de actos, toda vez que las empresas que supuestamente recibieron los recursos no existen, simulando la entrega de recursos a empresas fantasma o bien tomaron datos de empresas legalmente constituidas para justificar la aplicación de los recursos, y otras tantas fueron constituidas con el fin de ser utilizadas para justificar la transferencia de recursos a empresas por servicios que supuestamente ejecutaron”.
Las irregularidades dependen del convenio.
En algunos casos se reporta que el dinero fue triangulado, pues los recursos regresaron a las cuentas de Concamin, mientras que en otros convenios se involucraron a empresas fantasma.
La actual administración de la Secretaría de Economía reiteró que:
“La Unidad de Desarrollo Productivo se encuentra en la disposición de colaborar con las autoridades de procuración de justicia a efecto de aportar la información y/o documentación que se solicite tendiente al esclarecimiento de los hechos denunciados”.
