Salinas Pliego denuncia al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al acusar una presunta “persecución política” relacionada con su conflicto fiscal con las autoridades. De acuerdo con su versión, el proceso se intensificó desde 2023, cuando —afirma— se incrementaron las acciones para exigir el pago de adeudos que, en algunos casos, se remontan a 2007.

El propio empresario informó que sostuvo una primera reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a quien —según dijo— entregó “un expediente con pruebas de lo que estamos viviendo”. En esa misma comunicación sostuvo que él y Grupo Salinas enfrentan “un acoso sistemático por parte del Estado mexicano: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.

De acuerdo con el conglomerado, la denuncia busca que la CIDH “declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición” para “restaurar la independencia judicial y proteger la libertad de expresión y el derecho de propiedad”. En el mismo posicionamiento, Salinas Pliego afirmó que “no se trata solo de un ataque contra mi persona”, sino de “sentar un precedente peligrosísimo: el uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos y restringir la libertad de expresión”.

El empresario también sostuvo que “en México se está intentando imponer el miedo como método de control” y que continuará defendiendo “la libertad, la legalidad y el derecho de cualquier ciudadano mexicano a alzar la voz”. En su mensaje, añadió: “El pleito no es conmigo… yo solo soy uno de los que hemos decidido ponernos en medio entre un gobierno autoritario… y la libertad de expresión de ustedes los mexicanos”.

El conflicto ocurre después de que Salinas Pliego agotara todas las instancias nacionales en noviembre. Como resultado de los procesos perdidos en México, enfrenta un requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos a Hacienda, asociado a créditos fiscales determinados por la autoridad tributaria. En el ámbito interno, se ha señalado que las empresas del grupo promovieron durante años amparos y recursos legales y que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que cerró el asunto el 13 de noviembre con una orden definitiva de pago.

La CIDH deberá resolver si admite o no la denuncia conforme a sus procedimientos. Por ahora, el diferendo trasciende al ámbito internacional, con alegatos de violaciones a derechos que serán evaluados por el sistema interamericano.

Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7

— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026