España autoriza la extradición a México de un sacerdote acusado de abuso sexual infantil en Jalisco
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La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a México del sacerdote español Ramón “N.”, acusado de abuso sexual infantil en perjuicio de tres menores de edad que vivían en un albergue del estado de Jalisco.
El religioso, de 58 años, es requerido por autoridades mexicanas tras denuncias por presuntos tocamientos de índole sexual cometidos durante supuestas “confesiones” privadas en 2022. Debido a que las víctimas son niñas, las autoridades no han revelado el nombre del albergue ni el municipio donde habrían ocurrido los hechos, con el fin de proteger su identidad.
Los señalamientos contra el sacerdote
De acuerdo con el expediente enviado a España, las víctimas —dos de ellas hermanas— relataron que el sacerdote las llevaba a una sala del albergue para hacerles “preguntas de tipo religioso” y después tocarlas, aprovechándose de su condición como figura de autoridad y guía espiritual.
Tras los primeros señalamientos, el sacerdote abandonó el país y viajó a España. Las denuncias avanzaron y la Fiscalía mexicana solicitó la captura del religioso. Posteriormente, fue detenido en marzo de 2025 en Zaragoza, aunque quedó en libertad provisional mientras se resolvía el proceso de extradición.
España aprueba su entrega a México
Tras analizar la documentación enviada por México, la Audiencia Nacional concluyó que los hechos descritos sí constituyen delitos bajo la legislación española y que existen elementos suficientes para que el sacerdote enfrente un proceso penal en territorio mexicano.
El tribunal avaló la entrega de Ramón “N.” por los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, con lo que ahora corresponderá a México garantizar su traslado y posterior presentación ante un juez.
Protección a las víctimas
En todos los comunicados, las autoridades han subrayado que no se hará pública la ubicación del albergue ni datos que permitan identificar a las niñas, conforme a los protocolos internacionales de protección de menores víctimas de delitos sexuales.
Organizaciones de defensa de la infancia han celebrado la decisión, señalando que “la extradición permitirá que el caso avance y que las víctimas tengan acceso a justicia”.
