Robo a mano armada a empleado de farmacia evidencia fallas en seguridad y patrón delictivo

La mañana de este martes, un empleado de una cadena de farmacias fue víctima de un robo a mano armada en la colonia Coapinole, en Puerto Vallarta. Este incidente resalta tanto la vulnerabilidad de los trabajadores de empresas que manejan grandes cantidades de efectivo, como la aparente incapacidad de las autoridades para capturar a los responsables, a pesar de que se trata del segundo asalto con características similares en menos de un mes.

El robo ocurrió cuando dos sujetos interceptaron al empleado mientras intentaba ingresar a las oficinas para depositar la recaudación. Uno de los asaltantes, descrito como robusto, lo amenazó y lo despojó de 80 mil pesos. Acto seguido, huyó con un cómplice, quien vestía una camiseta verde. A pesar de la rápida movilización de las unidades policiales, los asaltantes lograron escapar sin mayores dificultades, y la policía se limitó a levantar el reporte.

Este nuevo asalto, que según los primeros reportes podría estar vinculado con otro robo a la misma cadena de farmacias en Bahía de Banderas, pone en duda las medidas de seguridad adoptadas por la empresa para la protección de su personal y su dinero. El modus operandi —la emboscada y el escape rápido en áreas urbanas densas— no solo se repite, sino que también sugiere la posibilidad de que los delincuentes cuenten con información interna sobre los movimientos de dinero.

Además, la falta de resultados en la investigación del robo anterior, donde se llevaron un vehículo de la empresa que fue posteriormente abandonado, plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para frenar esta serie de delitos, que sigue afectando tanto a los empleados como a la comunidad en general. La repetición de estos robos a farmacias, con patrones y modus operandi casi idénticos, levanta sospechas sobre una posible red de información interna aún no confirmada.

En lugar de disuadir a los criminales, la falta de detenciones parece haber establecido un “patrón de impunidad” que permite a los delincuentes actuar con confianza en la debilidad del sistema de seguridad, tanto empresarial como policial. La situación exige una respuesta más contundente, que incluya desde mejorar las medidas de seguridad para el manejo de efectivo, hasta reforzar la investigación y la colaboración entre empresas y cuerpos de seguridad.