Revocación de AMLO avanza: ¿qué sigue para el proceso?
Una vez validado el mínimo de firmas para la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) abre un proceso de verificación domiciliaria de los registros y espera a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defina lo necesario respecto a la falta de recursos económicos para tener un ejercicio de acuerdo con lo que la ley establece.
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Desde agosto del año pasado, el instituto definió los lineamientos para la organización de este proceso, en el que se considera la instalación de 161 mil casillas, para lo que se requerirán 5 mil 430 supervisoras y supervisores electorales, 32 mil 421 capacitadores asistentes electorales, para lograr contar con más de 484 mil funcionarias y funcionarios de estas casillas.
También, el INE contempla la posibilidad del voto por internet de las y los mexicanos residentes en el exterior, así como los cómputos el mismo día de la jornada electoral y la implementación de un conteo rápido el mismo día.
Asimismo, promoverá la participación de los partidos políticos; los lineamientos establecen que éstos podrán realizar propaganda siempre y cuando no utilicen recursos públicos para ello ni contraten anuncios en radio y televisión, lo cual está prohibido constitucionalmente.
Sin embargo, sí podrán utilizar los espacios asignados como prerrogativas para fijar su postura sobre la revocación de mandato.
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Confirmado el mínimo de firmas, ahora procederá una verificación domiciliaria sobre este universo de 3 %. Para ello se definirá una muestra estadística para las 32 entidades federativas, a fin de hacer visitas domiciliarias a un porcentaje.
El INE estima que la muestra rondará los 850 registros donde se realizarán las visitas domiciliarias.
El próximo viernes sesionará la Comisión del Registro Federal de Electores, donde se presentará un informe preliminar de las firmas recabadas y validadas. También, sobre el plazo que tienen las o los promoventes para poder revisar los registros no aceptados.
En tanto, el 31 de enero es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responda al requerimiento del instituto sobre que se designe más presupuesto.