Revictimizados por AMLO

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En Tercera Persona

La Guardia Nacional encontró los cadáveres la tarde del domingo, en un camino vecinal ubicado al sur de Celaya, Guanajuato. Los habían dejado a un lado del Mazda en que se transportaban. Eran cinco cuerpos, tenían tiro de gracia y signos de violencia.
A la mañana siguiente, en las inmediaciones del Libramiento Sur, apareció un cadáver más.
Las víctimas eran estudiantes de Medicina de la Universidad Latina de México. Estaban a punto de graduarse. Apenas sobrepasaban los 25 años. Tres de ellos eran familiares.
Con autorización de sus padres, habían pasado la noche del sábado en una fiesta, en Juriquilla, Querétaro. A la mañana siguiente se movieron hacia un balneario llamado “Albercas Don Cruz”, ubicado en Celaya.
Ese día ocurre en el lugar una gran concentración de bañistas y paseantes. Los vecinos lo describen como un lugar de fiesta.
El presidente López Obrador achacó el asesinato de los estudiantes a un asunto de “consumo de droga”. Aseguró en su “mañanera” que los estudiantes “le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda”. Dijo que los jóvenes “fueron a una fiesta en Querétaro y de regreso pasaron a Villagrán”.
Añadió:
“Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga y ahí los asesinaron”.
López Obrador añadió también, después de criminalizar a las víctimas, que “esto todavía es hipotético”.
En las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento no existe, sin embargo, registro alguno de que los estudiantes hubieran pasado a Villagrán, una región que controla el Cártel de Santa Rosa de Lima, que es al mismo tiempo el grupo que disputa al Cártel Jalisco Nueva Generación el dominio de actividades ilícitas en el municipio en donde ocurrió la desaparición.
Cientos de jóvenes con batas blancas reaccionaron a las declaraciones del Presidente de los 173 mil muertos.
Marcharon con claveles y globos blancos, del hospital del IMSS, en donde los jóvenes prestaban su servicio social, a las instalaciones del Palacio Municipal.
“¡No eran narcojuniors, eran estudiantes!”, coreaban.
El alcalde de Celaya, Javier Mendoza Manríquez, reveló que “no hay ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con drogas”.
Agregó que el asesinato de los estudiantes era obra de la delincuencia organizada y pidió al gobierno de López Obrador “no evadir sus responsabilidades”: dejar de “meter cortinas de humo”.
Una de esas cortinas fue la declaración del Presidente de que en Guanajuato el consumo en jóvenes había crecido más que en Culiacán, Guadalajara, Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes y Tuxtla, entre otros lugares.
Según López Obrador, en los lugares de mayor consumo es donde ocurre el mayor número de asesinatos.
Guanajuato está sumergido, en efecto, en un baño de sangre. Más de dos mil homicidios han ocurrido en lo que va del año. Pero de acuerdo con los datos del propio gobierno federal, entre enero y septiembre de 2023 las entidades donde más se dispararon los homicidios dolosos son, precisamente, las que el Presidente refirió, para contrastar, en su “mañanera”: Sinaloa, Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes y Chiapas.
En todo caso, los datos con que se cuenta hasta el momento indican que los estudiantes acudieron al balneario “Albercas Don Cruz”, que un rato más tarde fueron abordados por desconocidos, y que tuvieron un altercado.
Testigos refieren que los sacaron de ahí a bordo de dos vehículos —cuyo seguimiento se está realizando a través de cámaras. La investigación señala a sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima como responsables de una masacre que ha vuelto a cimbrar al país entero.
El Presidente, mientras tanto, ya tiene a sus propios culpables.
En una nueva declaración irresponsable, y en el país de los 173 mil muertos bajo su sexenio… culpó a los estudiantes de su propia muerte.

 

AT