Revelan los ‘tentáculos’ de Rodrigo Benítez Pérez que manipulaban la justicia en Nayarit

El empresario inmobiliario Eduardo Valencia Castellanos, a través de una cronología de hechos que abarca desde 2011 hasta 2024, narró cómo Rodrigo Benítez Pérez, cuando fungía como juez penal de Bucerías, en complicidad con el exfiscal Edgar Veytia, otros empresarios y abogados, lo encarcelaron, torturaron hasta casi acabar con su vida y lo despojaron de su patrimonio: el condominio Flamingos Acqua, valuado en más de 4 mil millones de pesos.

Valencia Castellanos describió a Benítez Pérez como un hombre con gran influencia en la Fiscalía y el Poder Judicial. Antes de ser desaforado, aseguró, sus “tentáculos” alcanzaban las altas esferas de las instituciones encargadas de impartir justicia en el estado, utilizando su poder para castigar a quienes no se alineaban con sus intereses.

Según el empresario, el exmagistrado cometió actos inconstitucionales, como “inventar” la medida cautelar de inmovilización registral, inexistente en el Código Penal de Nayarit en ese momento, incurriendo en fraude procesal. Así lo documenta la ejecutoria de amparo 397/2023, ya que las escrituras del condominio Flamingos Acqua no estaban incluidas en la causa penal.

“Él fue el que justamente me libró orden de aprehensión por diversas figuras de fraude, despojo y diversos delitos del que el tribunal colegiado del vigésimo cuarto distrito, a través del recurso de revisión 403/2023, consideró que no estaban fundados y motivados en derecho y que presentaban grandes inconsistencias. Así fue que Rodrigo Benítez Pérez me encarceló al margen del derecho. Luego me inmovilizó registralmente las 604 propiedades que tenía en el condominio Flamingos Acqua, lo cual no estaba previsto en la ley”.

Valencia Castellanos narró que, pese a contar con un amparo (952/2011), concedido en 2013 por el Juzgado Segundo de Distrito en Amparo Penal de Nayarit para levantar la medida cautelar, Benítez Pérez ordenó, tan solo 30 minutos después, al registrador del Registro Público de la Propiedad de Bucerías que volviera a inmovilizar las mismas propiedades, repitiendo el acto reclamado y violando la ley nuevamente.

Tras pasar casi cuatro años en prisión, sufrir tortura física y psicológica, y sobrevivir a un atentado el 27 de marzo de 2017 —cuando dos sujetos ingresaron al penal para golpearlo, quedando luego en libertad—, Valencia Castellanos relata que, al estar próximo a salir de la cárcel gracias a un amparo indirecto (1079/2013) concedido por un tribunal colegiado, Benítez Pérez emitió 30 nuevas órdenes de aprehensión desde San Blas, donde era juez civil, sin tener jurisdicción en el caso. Estas órdenes fueron desestimadas.

A pesar de los más de 13 años transcurridos y el cambio de tres administraciones gubernamentales, Valencia Castellanos sigue luchando por recuperar sus bienes inmuebles, demostrar su inocencia y denunciar que fue despojado de su patrimonio de forma ilegal. Afirma que ya existen sentencias firmes para la reparación del daño y la devolución de sus propiedades, pero acusa que Benítez Pérez ordenó revocarlas.

“Como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, trafica influencias para lo que ya me había concedido el juez penal de Bucerías, que era garantizar la reparación del daño (…) Él ordena a los magistrados de las salas unitarias 1, 2 y 3 que lo que ya me había concedido el juez de Nayarit lo revoque”, agregó.

El empresario informó que prepara acciones legales contra el exmagistrado por su insistencia en la inmovilización registral de sus propiedades. Según su defensa, Benítez Pérez podría enfrentar una condena de tres a nueve años de prisión por este delito de carácter federal.

Valencia Castellanos también señaló que, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició procesos contra el exmagistrado, su caso sigue atorado debido a una red de corrupción instaurada en el sistema de justicia de Nayarit, una estructura que, según él, se protege a sí misma desde hace casi dos décadas.