Exmagistrado revela nexos criminales de funcionarias clave de Navarro Quintero con Roberto Sandoval
Foto: Especial
La actual Secretaria del Gobierno de Nayarit, Rocío Esther González García, y la recién nombrada en agosto de este año titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEN), Eulalia Salas Ayón, son blanco de acusaciones del desaforado magistrado Rodrigo Benítez Pérez.
Este las señala por estar relacionadas con delitos electorales junto al exgobernador Roberto Sandoval en la elección de 2017.
Según Benítez Pérez, ambas han sido protegidas y “premiadas” por someterse a la voluntad del actual gobernador, Navarro Quintero.
De acuerdo con las declaraciones del exmagistrado, ambas operaron como jefas de familia del programa PROSA. Rocío Esther González García lo hizo en el municipio de Santa María del Oro, cuando era magistrada del Poder Judicial; y Eulalia Salas Ayón, en Santiago, mientras ocupaba el cargo de titular del Órgano de Fiscalización Superior, ahora ASEN.
Mediante audios que fueron filtrados, ambas seguían órdenes del entonces gobernador Roberto Sandoval, quien pedía a los beneficiarios del programa votar por Manuel Cota, candidato del PRI, a cambio de despensas y la permanencia en el programa de por vida.
Fue precisamente a partir de esos audios, narró Benítez Pérez, que se judicializó una carpeta de investigación contra Sandoval, quien fue detenido en junio de 2021 y permanece en prisión. Este proceso derivó en más de 300 actos de investigación, así como cateos y aseguramientos.
En una de esas diligencias, se halló en una casa cercana a la preparatoria Colón en Tepic una base de datos en papel que incluía los nombres de las dos funcionarias.
“En la estructura destaca como jefa de familia la entonces magistrada Rocío Esther González García (foja 29 del documento), con un sueldo de $92,976 pesos por su cargo como magistrada, desempeñándose en Santa María del Oro. También aparece su ahora cónyuge, Pepe Espinoza, quien entonces ostentaba el cargo de Secretario General de Gobierno”, explicó Benítez Pérez.
Asimismo, señaló: “En el municipio de Santiago (foja 32 del documento), figura Eulalia Salas Ayón, entonces auditora especial de gestión financiera del Órgano Superior de Fiscalización, con un sueldo de $50,000 pesos mensuales. Esto representa un evidente conflicto de interés debido a la naturaleza de su cargo, ya que debía auditar la gestión financiera de los entes fiscalizados”.
Benítez Pérez subrayó que el programa PROSA, en apariencia destinado a combatir la pobreza alimentaria, era en realidad un instrumento político del PRI para perpetuarse en el poder.
La estructura involucraba a diputados, magistrados y titulares de organismos autónomos designados por el exgobernador Sandoval, incluidas González García y Salas Ayón.
El exmagistrado considera que ambas funcionarias podrían tener responsabilidad penal como coautoras y/o partícipes de los delitos mencionados. Afirmó que el gobernador Navarro Quintero está al tanto de estos hechos, pero ha optado por encubrirlas y otorgarles cargos de alta relevancia.
“En lugar de sancionarlas, se les protege y se les designan encargos más delicados. Son personajes que han demostrado total subordinación al gobernador y a los jefes políticos del estado, Gabriel Camarena y Diana López Zurita. La realidad no miente, los hechos tampoco”, concluyó.
Cabe recordar que, en la elección de 2017, Navarro Quintero participó como candidato de Morena a la gubernatura de Nayarit, mientras que solo la coalición Juntos Por Ti, integrada por PAN, PRD, PT y PRS, denunció los hechos.
jb
