La ruptura es total. Red Ambiental anunció que suspenderá operaciones en Puerto Vallarta el próximo 31 de marzo, al acusar al Ayuntamiento de mantener un adeudo superior a nueve meses, lo que calificó como una condición insostenible para continuar prestando el servicio de recolección de basura y operación del relleno sanitario.
El señalamiento es directo y coloca la responsabilidad en la autoridad municipal: la empresa sostiene que el incumplimiento reiterado en los pagos conveniados la llevó a tomar una decisión definitiva, pese a que —asegura— mantuvo disposición al diálogo y buscó alternativas para evitar llegar a este punto.
Pero el conflicto no termina con la salida operativa. Red Ambiental lanzó una advertencia que eleva el nivel de la crisis: se reserva el derecho de proceder legalmente contra el Ayuntamiento, lo que abre la puerta a un litigio que podría traducirse en presiones financieras adicionales para la administración municipal y en un conflicto de largo alcance.
El impacto no es menor. La empresa confirmó que liquidará al 100 por ciento de su personal conforme a la ley, cerrando de manera definitiva su ciclo en el municipio, mientras deja en el aire la capacidad inmediata del gobierno local para garantizar uno de los servicios públicos más sensibles para la ciudad.
Más allá del conflicto administrativo, la salida de Red Ambiental coloca a Puerto Vallarta ante un escenario de riesgo operativo, donde la recolección de residuos podría verse comprometida en cuestión de días si no se implementa un plan emergente eficaz, con implicaciones directas en la salud pública y en la imagen turística del destino.
En su posicionamiento, la empresa defendió su paso por la ciudad al asegurar que contribuyó a elevar los estándares de limpieza urbana y operar bajo la normatividad ambiental vigente, subrayando que la decisión de retirarse no responde a una falta de voluntad, sino a la imposibilidad financiera derivada del incumplimiento municipal.
Aunque dejó abierta la puerta al diálogo, el mensaje es claro: la relación con el Ayuntamiento está rota y el siguiente capítulo podría escribirse en tribunales, con consecuencias que irían más allá del servicio de recolección para impactar directamente en las finanzas públicas y la gobernabilidad local.
