Protestar en Puerto Vallarta: causas legítimas, ciudad bloqueada y un dilema turístico

Toda protesta tiene una causa visible y otra que casi nunca se enuncia. La primera suele ser legítima, urgente, incluso dolorosa. La segunda es más incómoda: ¿quién gana con ella?, ¿quién la capitaliza?, ¿quién se coloca frente a la cámara cuando el conflicto escala?

Puerto Vallarta vive un momento extraño. En apenas unas semanas, la protesta se ha vuelto paisaje. Bloqueos, cierres, marchas, vialidades tomadas como método casi automático de presión. Nadie cuestiona el derecho a manifestarse. Lo que empieza a inquietar es la repetición del mismo recurso y la aparente indiferencia hacia sus consecuencias.

Porque protestar no es gratis. Cada arteria cerrada tiene un costo. Cada turista varado, cada vuelo perdido, cada traslado frustrado deja una huella que no siempre se ve de inmediato, pero que termina reflejándose en la economía local. Y Puerto Vallarta no es una abstracción ideológica: es un negocio colectivo del que vivimos cientos de miles de personas.

Aquí aparece la incomodidad real.
Si el conflicto es con una autoridad, ¿por qué el castigo se dirige al ciudadano común?
Si la exigencia es institucional, ¿por qué el daño se socializa?
¿Por qué la protesta rara vez se planta frente al poder y casi siempre frente al tráfico?

Hay algo que no estamos diciendo con suficiente claridad: el bloqueo vial se ha vuelto un atajo, no una estrategia. Un mecanismo eficaz para obtener atención mediática inmediata, pero también una herramienta burda que termina desgastando incluso a las causas más nobles. La empatía social tiene un límite, y ese límite suele alcanzarse cuando la afectación se vuelve cotidiana.

La pregunta se vuelve todavía más incómoda cuando se observa el calendario. Puerto Vallarta entra, sin rodeos, en un año político. Y en los años políticos las causas sociales se convierten, con demasiada facilidad, en plataformas personales. El activismo genuino convive —a veces sin fricción— con el activismo oportunista. Liderazgos que descubren que la calle también es un escenario y que la indignación ajena puede ser combustible propio.

No toda protesta está manipulada, pero sería ingenuo suponer que ninguna lo está. ¿Quién convoca? ¿Quién repite el micrófono? ¿Quién administra el discurso y quién administra el enojo? Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias si no queremos confundir movilización social con precampaña encubierta.

Hay otra pregunta que duele más: ¿hasta dónde estamos dispuestos a estrangular la ciudad para demostrar que tenemos razón? Porque cuando el daño se prolonga, deja de ser simbólico y se vuelve estructural. El turista no distingue entre protesta legítima y caos recurrente; solo recuerda que su experiencia fue negativa. Y esa memoria, multiplicada, termina afectando a meseros, choferes, hoteleros, comerciantes… a la misma base social que muchas protestas dicen defender.

Tal vez el verdadero debate no sea si se debe protestar, sino si somos capaces de protestar mejor. Con inteligencia, con creatividad, con foco. Golpeando al poder donde duele, no al ciudadano donde estorba.

Puerto Vallarta necesita causas, sí.
Pero también necesita conciencia.
Porque una ciudad que vive del turismo no puede darse el lujo de convertir el hartazgo en costumbre… ni el reflector en objetivo.