Propone castigar maltrato animal con tratamiento psicológico
El diputado local del PRI, Enrique Nieto, propuso que el maltrato o abandono animal en la Ciudad de México se castigue con tratamiento psicológico o trabajo comunitario y no con la cárcel.
A través de una iniciativa, busca modificar el artículo 350 Bis y 350 Ter del Código Penal del Distrito Federal para que la autoridad pueda sustituir, total o parcialmente, la prisión para los infractores por tratamiento psicológico o por la prestación de jornadas de trabajo comunitario. En ambos casos, estos castigos serían por 180 días.
Y es que, de acuerdo al legislador, tener una mascota es una responsabilidad, por lo que se debe educar a las personas más que castigarlos con cárcel.
Asimismo, recordó que los principales motivos de abandono de los animales son: las camadas indeseadas (14%), cambio de domicilio (13.7%), factores económicos (13.2%) y la pérdida del interés por el animal (11.2%).
Enrique Nieto explicó que si la autoridad no sustituye la cárcel, las personas que maltraten o causen sufrimiento a un animal, pasarán de seis meses a dos años de prisión, además deberán pagar una multa de cuatro mil 811 a nueve mil 622 pesos.
Además, estas personas no podrían laborar en centros de trabajo cuyo giro involucre el trato o manejo de animales hasta por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta o hasta haber concluido tratamiento psicológico o trabajo comunitario decretado por autoridad competente.
En tanto, quien abandone a una mascota podría pasar de seis meses a un año de prisión y deberá pagar una multa de 24 mil 55 a 43 mil 299 pesos.
La iniciativa señala que estas penas serán aumentadas en una mitad cuando se cometa por servidores públicos que, derivado de sus funciones, tengan por encargo el cuidado de animales.
El priista puntualizó que la reciente crisis sanitaria ha provocado que se incremente el abandono de mascotas en un 15%.
“En la mayoría de los casos, los dueños declararon que simplemente ya no los querían”.
Esta propuesta fue turnada para su análisis y posterior dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal.
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