Procesan a 13 militares acusados del homicidio de dos niñas en 2025 en Badiraguato, Sinaloa
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En un fallo judicial que marca un precedente en la lucha contra la impunidad, 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de dos niñas y la tentativa de homicidio de cuatro personas más en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 6 de mayo de 2025, en la localidad de La Cieneguilla. Aquella mañana, una familia se trasladaba en camioneta hacia la escuela; sin embargo, al encontrar un bloqueo en el camino, intentaron regresar a su hogar.
En ese momento, un convoy de tres vehículos oficiales abrió fuego contra ellos sin previo aviso ni justificación alguna.
En el ataque perdieron la vida Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7 años. Además, resultaron heridos otros dos menores de 12 y 14 años, junto con dos adultos.
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Aunque inicialmente las autoridades intentaron presentar el suceso como un enfrentamiento, la Fiscalía General de la República (FGR) y la CNDH confirmaron que se trató de un uso letal e injustificado de la fuerza.
Fue el pasado 31 de marzo cuando se ejecutaron las órdenes de aprehensión, y para el 6 de abril, el juez de control Josué Noé Egure Yáñez dictó el auto de vinculación a proceso. El juzgador, con sede en Los Mochis, determinó que los uniformados actuaron bajo la figura de dolo eventual.
Durante la audiencia, la defensa de los militares, incluida la Defensoría de Oficio Militar, argumentó que los soldados dispararon debido al estado de alerta y nerviosismo provocado por la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.
No obstante, el juez resolvió que, dado su adiestramiento profesional, los militares eran plenamente conscientes de la alta probabilidad de causar muertes al accionar sus armas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que brinda acompañamiento legal a las víctimas, calificó el ataque como un ejemplo doloroso de la profundización de la militarización en México.
Según la organización, este caso refleja los riesgos de desplegar fuerzas armadas sin controles efectivos en zonas vulnerables.
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Este incidente se suma a una estadística alarmante: para mayo de 2025, Sinaloa ya contabilizaba casi 40 menores fallecidos a causa de la violencia desatada desde septiembre de 2024.
Incluso en enero de este año, se reportó otra muerte similar, la del universitario Fernando Alan Arce, bajo investigación por presunta responsabilidad militar en Culiacán.
Para los representantes legales, la vinculación a proceso es un avance necesario.
“Es un hecho intolerable que debe impulsar la adopción de medidas para evitar su repetición”, sentenció el Centro Prodh tras la resolución judicial.
