Problemas en Tukilandia: La basura y la crisis que viene
Puerto Vallarta vuelve a enfrentar un problema estructural que nunca quedó resuelto: la recolección de basura. Hoy no se trata solo de bolsas acumuladas, sino de decisiones políticas y administrativas que comienzan a pasar factura y amenazan con convertirse en una crisis mayor.
RED AMBIENTAL ha recortado ya el 30 por ciento de su cobertura en el municipio. No es una falla operativa ni un accidente. Es una medida de presión ante un adeudo cercano a los 110 millones de pesos, derivado de un convenio autorizado por el propio Ayuntamiento y promovido por el actual presidente municipal.
Desde el inicio, la concesión de un servicio básico como la recolección de basura generó críticas y suspicacias. El Ayuntamiento decidió trasladar una de sus principales obligaciones a una empresa privada, una decisión polémica, aunque no inédita, que fue defendida como una solución a un problema crónico.
En muchos municipios del país, empresas privadas realizan la recolección de residuos e incluso operan su disposición final. No es un modelo extraño. La basura, además, representa un negocio rentable, pues todo lo que se recolecta es gratuito y buena parte tiene valor de reutilización.
Lo que resulta difícil de explicar es que el mismo Ayuntamiento que optó por este esquema hoy incumpla con sus compromisos. Hace meses, el alcalde lanzó un ultimátum público a RED AMBIENTAL para exigir mayor eficiencia en el servicio, estableciendo plazos y condiciones claras.
Ese ultimátum se cumplió. El servicio no se suspendió y, por el contrario, se reforzó. Llegaron más camiones, unidades ligeras para zonas complicadas y se ampliaron rutas de recolección diaria, lo que permitió que la mayoría de las casi 400 colonias notaran una mejora.
La ciudadanía comenzó a adaptarse al nuevo esquema. Al sonido de la campana, a los horarios establecidos y al tandeo, que inicialmente generó molestia. Cuando el servicio empezaba a normalizarse y a generar hábitos, apareció una nueva crisis.
RED AMBIENTAL, tras no obtener respuesta al adeudo, recurrió a la presión social. Primero redujo el 15 por ciento de la recolección. Hoy el recorte alcanza el 30 por ciento, es decir, una tercera parte del servicio diario está afectada en la ciudad.
Las preguntas son inevitables. ¿Hasta dónde llegará esta reducción? ¿Tiene el Ayuntamiento la capacidad financiera para cubrir el adeudo? ¿Por qué se detuvieron los pagos? ¿Por qué se incumplió un contrato avalado por la propia autoridad municipal?
Los contratos existen para cumplirse. Establecen obligaciones claras para ambas partes. El concesionario recoge la basura. El Ayuntamiento paga por el servicio. No hay espacio para interpretaciones políticas ni para minimizar un problema que tiene impacto directo en la salud pública.
La respuesta del gobierno municipal ha sido sacar camiones viejos del taller para cubrir, de manera improvisada, las rutas que dejaron de atenderse. Una solución temporal que no resuelve el fondo del conflicto y que solo pospone una crisis mayor.
Todo indica que el conflicto terminará en tribunales. Dejará, además, un antecedente delicado: un Ayuntamiento señalado como mala paga. Porque, guste o no, y como diría el clásico, haiga sido como haiga sido, la empresa estaba cumpliendo con su parte.
La basura no espera. Y las crisis tampoco.
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