Presupuesto 2025

El gobierno mexicano anticipa que la economía conseguirá un crecimiento puntual de 2.3 % el año próximo con un rango que va de 2 a 3 %. Para analistas de grupos financieros consultados, un supuesto positivo puede acarrear una sobrestimación en la recaudación.

El supuesto de crecimiento económico en el que sustenta el gobierno su propuesta de Paquete Económico para el 2025 es optimista y contraintuitivo en un entorno que supone un recorte al gasto de 1.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el análisis de sensibilidad que Hacienda realiza, un punto porcentual de diferencia en el crecimiento establece un impacto de alrededor de 53 mil millones de pesos, directamente en los ingresos tributarios. Pero, indirectamente, me parece que el impacto puede ser sustancialmente mayor.

Hacienda considera que el crecimiento del consumo, así como el efecto del nearshoring sobre la inversión privada soportan su estimación más elevada que la de prácticamente todos los expertos.

El crecimiento de Estados Unidos, que está resultando más robusto respecto a lo previsto, puede ser un factor que dinamice las exportaciones de manufacturas, alcanzando una tasa de crecimiento superior a la que se ha observado en los últimos meses.

Pero, por ejemplo, no hace referencia a la incertidumbre generada por la reforma judicial y por el gobierno de Trump y sus políticas.

Otro de los ingredientes claves del escenario es que continúe el proceso de desinflación.

Se estima que llegue a 3.5 por ciento al final del próximo año y que con ello sea posible una reducción de las tasas de referencia en 200 puntos base, para llegar al 8 por ciento. En esto hay mayor coincidencia con el consenso.

Ello permitiría limitar el crecimiento del costo financiero de la deuda pública a un 5.4 por ciento en términos reales, lo que resulta plausible.

En la Ley de Ingresos y en los Criterios Generales de Política Económica se establece una meta de crecimiento de los ingresos presupuestales del sector público de 3.3 por ciento en términos reales y de 3.0 por ciento para los ingresos tributarios.

Las dos piezas de la estrategia fiscal tienen que ver con los incentivos para regularizarse y formalizarse, así como con la fiscalización.

Respecto a lo primero, la pieza más importante para el 2025 es el programa de regularización para personas físicas y morales con ingresos anuales inferiores a los 35 millones de pesos, es decir, pequeños y medianos.

Este consiste en la condonación de multas, recargos y gastos de ejecución, para quienes se acojan a este beneficio, claro, bajo una serie de condicionantes como no haber impugnado el crédito fiscal o no haber sido condenados a pagar.

En la parte de la fiscalización, todo indica que se fortalecerá la estrategia de vigilancia, para lo que se cuenta cada vez con mayores recursos tecnológicos.

Creo que no es imposible que se alcancen las metas tributarias del próximo año si es que la actividad económica no es muy diferente a la planeada.

El problema son los años siguientes. El ajuste al gasto público previsto para el 2025 difícilmente podrá replicarse en los siguientes años, en los que, de hecho, hay presiones derivadas de un gasto rígido derivado de los programas sociales, de los compromisos de pago de pensiones, y de las fases más demandantes de recursos de los proyectos de inversión pública.

No creo que haya esquemas de fiscalización o regularización que vayan a ser suficientes para proveer el volumen de recursos necesario, y al mismo tiempo seguir con la reducción del déficit público como proporción del PIB.

Por eso creo que, aunque ahora, la propuesta de reforma fiscal, no haya sido respaldada por el gobierno, se convertirá en un asunto de agenda en la segunda mitad del 2025.