Presuntos elementos de la Guardia Nacional, ebrios y armados, siembran miedo en Puerto Vallarta
La tranquilidad en la carretera federal 200 se vio sacudida la tarde de este lunes cuando una fuerte movilización policíaca —con alrededor de siete unidades de la Policía Municipal y de la Policía Turística— interceptó a un vehículo Jetta rojo con plataforma, cuyos ocupantes, según relato oficial, habrían amenazado a un tercero mientras circulaban por la vía.
Los tres ocupantes del Jetta, que portaban placas del Estado de México, se detuvieron al marcarles el alto los agentes municipales. Durante el procedimiento los sujetos se identificaron como integrantes de la Guardia Nacional, aunque vestían de civil y, según los elementos municipales, se encontraban en aparente estado de ebriedad. Además, los oficiales indicaron que uno de los acompañantes —quien habría portado un arma— se había bajado metros atrás.
La situación escaló por la gravedad de las señales: arma, amenazas, estado de ebriedad y presumible suplantación de funciones. Por ello, la Comisaría procedía a remitir a los implicados a los separos, en tanto se deslindaban responsabilidades.
El desenlace provocó indignación entre testigos y vecinos de la zona, quienes consideraron inaceptable que personas que se identifican como fuerzas del orden alteren la seguridad pública y aterroricen a automovilistas y familias. “¿Qué garantías tenemos si quienes se dicen guardianes andan armados y ebrios?”, cuestionó un vecino que pidió no ser identificado.
¿Protección o impunidad?
El episodio deja preguntas que exigen respuesta urgente:
¿Eran efectivamente elementos de la Guardia Nacional o simples civiles que se hicieron pasar por oficiales?
Si eran militares, ¿por qué se les permitió salir sin que se practicaran pruebas de alcoholemia, revisión de armas y responsabilidades administrativas?
¿Qué protocolos existen para coordinar detenciones entre la Policía Municipal y la 41 Zona Militar, y por qué se privilegió la liberación sobre la investigación?
La ciudadanía no puede conformarse con silencio ni con justificaciones. Si se comprueba que eran elementos de la Guardia Nacional, deben abrirse de inmediato investigaciones administrativas y penales —si corresponde—, que incluyan exámenes toxicológicos, revisión del armamento y del estatus de sus identificaciones y órdenes de servicio. Si, por el contrario, se trató de impostores, la Fiscalía debe perseguir con todo el peso de la ley a quienes usurpan funciones públicas y portan armas.
Exigen transparencia y sanciones ejemplares
Organismos ciudadanos y vecinos han pedido hoy a la Comisaría de Seguridad Pública, a la 41 Zona Militar y a la Fiscalía del Estado transparencia total: informes públicos, bitácoras del operativo, resultados de cualquier prueba practicada y el estado que guardan las indagatorias. “No basta con una declaración tibia: la gente exige pruebas y sanciones ejemplares si las faltas se confirman”, advirtieron.
La Policía Municipal, que actuó con rapidez y desplegó unidades de la zona turística y urbana para contener el riesgo, volvió a demostrar su compromiso con la seguridad; sin embargo, el episodio evidenció fallas graves en los mecanismos de rendición de cuentas entre autoridades civiles y castrenses.
La voz del puerto
En un puerto que vive del turismo y del flujo de familias en carreteras y calles, la impunidad sería un peligro mayor que cualquier Jetta rojo: minaría la confianza en las instituciones y alentaría a quienes, amparados en uniforme o en la simulación del mismo, abusen de su poder.
Los vallartenses piden una investigación clara, sanciones contundentes y protocolos efectivos que eviten que este tipo de episodios se repitan.
