Presidenta de El Nayar viola soberanía wixárika
La Presidenta Municipal de El Nayar, Imelda Escobedo, generó un conflicto institucional tras ingresar de manera irregular a territorio jalisciense y realizar actos de gobierno en la comunidad wixárika de Tateikie de San Andrés Cohamiata, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco. El hecho fue calificado como una violación a la soberanía estatal y a una suspensión vigente dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Acompañada por funcionarios de su administración y elementos de la Policía Municipal, la alcaldesa de El Nayar realizó actividades oficiales en un territorio protegido por resolución judicial, lo que motivó una respuesta inmediata del Gobierno de Jalisco y una denuncia formal ante la SCJN para que se deslinden responsabilidades.
La comunidad indígena, en defensa de sus derechos y autonomía, retuvo a la funcionaria y a su comitiva como respuesta a lo que consideraron una invasión de su territorio. Ante esta situación, el Gobierno de Jalisco envió una comisión para establecer una mesa de diálogo con presencia de autoridades de Nayarit y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, condenó públicamente los actos de la Presidenta de El Nayar, a quien acusó de violar deliberadamente la soberanía estatal y de desacatar una suspensión de la Corte. Aseguró que no se permitirá ningún tipo de intromisión política-electoral por parte de autoridades externas en territorios bajo disputa legal.
Los hechos ocurrieron en el contexto de la controversia constitucional 108/2018, promovida por el Gobierno de Jalisco contra un decreto de Nayarit que pretendía modificar los límites territoriales entre ambas entidades. Mientras la SCJN resuelve el fondo del juicio, se mantiene la prohibición para cualquier autoridad de intervenir en la zona en conflicto.
Según el Gobierno de Jalisco, los actos cometidos por la Presidenta Municipal de El Nayar constituyen una falta grave contra los derechos de la comunidad wixárika, además de desacatar un requerimiento judicial del 13 de marzo de 2025, que instruía suspender todo acto gubernamental en la zona.
Después de la instalación de la mesa de diálogo, la alcaldesa Imelda Escobedo fue liberada junto con su equipo y escoltada fuera del territorio jalisciense por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en un operativo coordinado por ambas entidades.
El Gobierno de Jalisco reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía estatal y la protección de los pueblos originarios. También aseguró que dará seguimiento puntual a la resolución de la SCJN y se mantendrá en coordinación permanente con el Gobierno de Nayarit para evitar nuevos incidentes.
Por su parte, el gobernador Lemus advirtió que, de repetirse una situación similar, su administración procederá legalmente contra cualquier persona que viole la suspensión judicial y ponga en riesgo el orden constitucional y los derechos indígenas.
Finalmente, el Gobierno estatal reafirmó su postura de respeto irrestricto a la autonomía de las comunidades originarias y a la legalidad establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayando que no tolerará actos de injerencia ni violaciones al estado de derecho.
