Sigue el juicio interminable de la “Presidencia de cartón” de Bahía de Banderas
A más de diez años de iniciado el conflicto legal por la llamada “Presidencia de Cartón” en Bahía de Banderas, el proceso judicial sigue activo y sin una resolución definitiva. Así lo confirmó el director jurídico del XII Ayuntamiento, Marcos Parra Becerra, quien declaró que actualmente hay tres juicios vigentes, uno de los cuales obtuvo una resolución favorable en primera instancia la semana pasada.
No obstante, aún queda por agotarse una última instancia y la contraparte puede presentar su defensa, mientras que los otros dos juicios siguen sin avances públicos.
El origen del problema
El conflicto se remonta a diciembre de 2011, cuando el VIII Ayuntamiento aprobó la construcción del “Conjunto Administrativo Bahía de Banderas” con una inversión de 119 millones de pesos. Además, se autorizó el pago de una renta mensual de más de 1.8 millones de pesos, convirtiendo la obra en un gasto doble para las arcas municipales.
En mayo de 2012, se tramitó ante el Congreso del Estado de Nayarit un crédito de 5.5 millones de pesos para garantizar tres meses de renta, aunque este no llegó a ejercerse. Más tarde, el 31 de julio de 2013, se firmó el contrato BADEBA-OP-FOD-017/2013, sin que existan registros claros en los archivos oficiales ni en los procesos de entrega-recepción.
Uno de los principales problemas fue la violación del techo financiero autorizado, además de irregularidades en la licitación: GRUPO MINERO IMEX S.A.P.I. de C.V., ganadora inicial del contrato, cedió los derechos a Luis Cohen Fis, quien fungía como fideicomisario, y al Banco Actinver, que asumió la fiduciaria del proyecto.
La decisión que agravó todo
Ya en 2014, durante la gestión del IX Ayuntamiento, encabezado por José Gómez Pérez, se descubrieron fallos graves en la obra. La Secretaría de Energía (SENER) determinó su no habitabilidad por riesgos eléctricos debido al uso de cableado sin certificación NOM. Las dependencias municipales fueron trasladadas de nuevo a la antigua presidencia y otros espacios.
Pese a ello, el IX Ayuntamiento no realizó la entrega formal del edificio a los acreedores, lo que provocó que se acumularan meses de renta sin pagar. Aunque se hicieron algunos pagos parciales, la deuda alcanzó más de 139 millones de pesos en 2021, provocando el riesgo de destitución del entonces X Ayuntamiento, que enfrentó un juicio de amparo interpuesto por los acreedores.
Finalmente, el 19 de junio de 2018 se dictó sentencia definitiva que sobreseyó el caso y evitó el pago de esa suma millonaria. Sin embargo, los amparos y litigios han continuado desde entonces.
El litigio eterno.
Durante la administración del XI Ayuntamiento, encabezada por la exalcaldesa Mirtha “N”, se informó escasamente sobre el tema. A finales de 2023 se confirmó que los litigios seguían activos, aunque no se ofrecieron mayores detalles.
Hoy, el director jurídico del XII Ayuntamiento asegura que se dará la batalla legal hasta las últimas instancias. A más de una década, el edificio inservible sigue siendo un lastre financiero y jurídico para el municipio.
AT
