Policías viales de Puerto Vallarta son vinculados a proceso

Mónica Daniela “N” y Héctor “N”, policías viales adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, han sido vinculados a proceso por su presunta participación en delitos cometidos en la administración de justicia y abuso de autoridad.

En audiencia celebrada en los juzgados del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, la Jueza de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt Flores, determinó la vinculación a proceso de los elementos municipales por el delito de abuso de autoridad, que comete el servidor público que:

“Ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Jalisco”.

Además, se les acusa de delitos en la administración de justicia, al haber realizado actos u omisiones que causaron daño o favorecieron indebidamente a una de las partes involucradas, así como por haber procurado la impunidad de los hechos de los que tuvieron conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Como medidas cautelares, la jueza ordenó que ambos se presenten a firmar mensualmente y no podrán salir del país durante seis meses. En el caso de Mónica Daniela “N”, quien aún se desempeña como policía activa, se determinó su separación temporal del cargo por seis meses. En cuanto a Héctor “N”, jubilado de la corporación, se le prohibió acercarse o molestar a la víctima y a los testigos durante el mismo periodo.

Los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando ambos policías atendieron un accidente entre una motocicleta y un automóvil. A pesar de que el motociclista estaba siendo atendido por las lesiones sufridas, los agentes no solicitaron la intervención del Ministerio Público, como lo exige la ley, y optaron por derivar el asunto al proceso de mediación.

El motociclista decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta. Tras la investigación, la Agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 24 de septiembre. Los imputados se presentaron en audiencia el 25 de septiembre, pero se acogieron al término constitucional de 72 horas para preparar su defensa, y fue hasta el viernes 27 cuando se resolvió su vinculación a proceso.