Plan B de la reforma electoral: COPARMEX Nayarit presiona a senadores y pide frenarlo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Nayarit ha hecho un llamado a los senadores por Nayarit, Pavel Jarero Velázquez (Morena), Jazmín Bugarín Rodríguez (PVEM) e Ivideliza Reyes Hernández (PAN), a votar en contra del Plan B de la reforma electoral, que el próximo lunes 23 de marzo se discutirá en comisiones en el Senado y el miércoles 25 en el pleno.

Bajo la postura “la mejor reforma electoral hoy es que no haya reforma”, la COPARMEX en Nayarit mandó una misiva a los representantes del estado en la Cámara Alta, apelando a su visión de Estado, ya que el gremio empresarial considera que la reforma, en estos momentos en que el país necesita certeza en materia de seguridad, no debe implicar cambios en las reglas del juego democrático.

Dicha carta, firmada por la presidenta Liliana Verónica Hernández Magallanes y hecha pública este fin de semana, advierte que la reforma impactaría directamente en el clima de negocios y la paz social de la región, además de que sería contraproducente bajo tres razones también descritas:

Incertidumbre económica: La estabilidad política es la base de la confianza para la inversión. Alterar las instituciones electorales genera señales de inestabilidad que ahuyentan el capital nacional y extranjero.

Falta de consenso: Las reformas de esta naturaleza deben construirse con amplios consensos. Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional; requieren un proceso de diálogo y un acuerdo nacional que hoy no existe.

Prioridades urgentes: El país demanda atención inmediata en seguridad, salud y crecimiento económico. Debilitar al árbitro electoral no soluciona los problemas que afectan el día a día de las familias mexicanas. Todo lo contrario.

La COPARMEX insistió en la reflexión a cada uno de los senadores, ya que, según se argumenta, su voto definirá si se avanza hacia un futuro de desarrollo o si se retrocede hacia la desconfianza institucional.

Además, el sector empresarial señaló que estará al pendiente del sentido de su voto.

El planteamiento del “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, establece una reestructuración financiera bajo el principio de austeridad republicana, fijando que ningún funcionario del INE o del Tribunal Electoral podrá percibir un salario superior al de la Presidenta.

Esta medida se complementa con la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y fondos de ahorro especiales, además de imponer un tope presupuestario a los congresos locales equivalente al 0.70 % del gasto estatal y una reducción de hasta el 15 % en el presupuesto operativo del Senado.

En el ámbito operativo y de fiscalización, la propuesta exige la bancarización obligatoria de todos los recursos de los partidos políticos para eliminar el uso de efectivo y faculta a la UIF para auditar campañas en tiempo real.

Asimismo, el plan impacta la estructura municipal al limitar el número de regidores a un rango de entre 7 y 15 por ayuntamiento y establece que la revocación de mandato se celebre el primer domingo de junio. Finalmente, se busca agilizar el sistema de resultados electorales, permitiendo que el cómputo federal inicie inmediatamente tras la recepción de la primera urna en los distritos.