Piden juicio político contra ayuntamiento de Bahía de Banderas

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La empresa Stratimex, solicitó juicio político al ayuntamiento de Bahía de Banderas y parte de su gabinete, por incumplimiento de su contrato administrativo de prestación de servicios, firmado en el 2015 y que terminó anticipadamente de manera unilateral.

Advierten de responsabilidades legales, administrativas y económicas, en evidente contravención de las disposiciones legales y en perjuicio de los intereses de la sociedad y del patrimonio municipal y estatal.

Piden dejar de ser omisos, en estricto acatamiento de un correcto desempeño de la función pública pagar la cantidad que adeudan y así evitar que continúe incrementando, pues de 16 millones, ya subió a 30 millones por intereses moratorios.

CONTRATOS LEONINOS

El diputado local por el distrito 18 de Bahía de Banderas, Ismael Duñalds Ventura, estuvo atento al respecto y advirtió que el congreso, ha sido moroso al no darlo a conocer de manera oficial al pleno. Aclaró que no defiende a la empresa, solo que se atiendan todos los asuntos que puedan afectar a esta región.

Señaló que en su mayoría los contratos hechos en Bahía de Banderas son leoninos:

“Porque la administración municipal debe tener la capacidad, por sí misma, de resolver muchas cosas, que al día de hoy no ha logrado, sino a través de contratos como estos que le ha traído muchos problemas y lo tiene ahogado en sus finanzas, y este caso será otro caso más de tantos difíciles en los que está envuelto el ayuntamiento”.

CONTRA ALCALDE, REGIDORES, JURÍDICO, SECRETARIO, CONTRALOR, TESORERO Y OFICIAL MAYOR

En el escrito solicitan se inicien los procesos y procedimientos de investigación sancionatorios, la destitución y/o juicio político derivado de los actos y resoluciones expresos, por acción u omisión del presidente municipal, síndico, regidores, tesorero, secretario, contralor, director de asuntos jurídicos y oficial mayor.

Con base en la Ley de justicia y procedimientos administrativos del Estado de Nayarit, por la falta de pericia y negligencia, incrementando la deuda, generando daños y perjuicios, incongruentes con la actividad administración pública eficaz, que se traducen en una afectación a la sociedad en su patrimonio.

DESATENCIÓN JURÍDICA

El legislador advirtió ve una desatención jurídica y administrativa en el ayuntamiento, que se refleja en problemas, los cuales asumen al llegar a un cargo público.

“Esto sin duda muestra muy claro la ineficacia por la atención de la parte jurídica y no debiera estar en esta situación.” 

Consideró que el Congreso deberá darle el curso correspondiente, como a cualquier ciudadano, para deliberar si hay o no sanciones. 

Luis Gabriel Monroy Mendoza, es quien firma la petición, y asentó, ratifica esta denuncia “por este medio y forma por excepción invocándose la nueva normalidad y respeto a la sana distancia”, entregada el pasado 28 de agosto.

Miguel González Guerra