Pide penas severas para funcionarios omisos a delito de pedofilia

Penas más severas, además de decretar la inhabilitación, a todo aquel servidor público, desde policías, Ministerios Públicos, entre otros, que sean omisos a los delitos de violación, abuso y comercio sexual contra un menor de edad, exigió el diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo Román.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, destacó que San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, son las entidades con “focos rojos” por la presencia de pedófilos, violadores y mafias de pornografía infantil. Sin embargo, denunció el también coordinador del PRD en el Antiguo Palacio de Donceles, todos estos delincuentes viven impunes, al ser amparados por la corrupción de policías, Ministerios Públicos y jueces.

Ante esta problemática el perredista propuso modificar el Código Penal capitalino, para sancionar con penas más severas, así como decretar la inhabilitación a los servidores públicos que sean omisos a los delitos de violación, abuso y comercio sexual contra un menor de edad. Sostuvo que en estas entidades, muchos delincuentes acusados de estos delitos, no han recibido ningún requerimiento ministerial ni judicial, para responder por las probables faltas cometidas. 

Incluso denunció el perredista, en diversas ocasiones los propios servidores públicos inhiben o amedrentan a los familiares de las víctimas, para no presentar la denuncia. Reveló que de acuerdo con las cifras de la Red Nacional Por los Derechos de la Infancia (REDIN) en el 2020 en todo el país, se registraron 19 mil llamadas de emergencia diarias relacionadas con violencia familiar.

“La violencia sexual, es una realidad que ocurre a una de cada 10 mujeres adolescentes, pero durante la pandemia del Covid-19 han aumento estos delitos que atentan contra la vida, salud, libertad, integridad y privacidad de niñas y niños”, acusó Lobo Román.  

Subrayó que la pedofilia, entendida como violación, abuso y acoso sexual de una niña, niño o adolescente, “es un delito que lacera en lo más profundo a la niñez; es un mal que atraviesa transversalmente diversos segmentos sociales”, dijo.

Recordó que en México, 97% de los abusos sexuales contra niños y niñas, se producen en las familias; 2% en las escuelas; y el 1% en otros ámbitos, como el religiosos, recreativos o deportivos, donde se vinculan a hombres adultos con niños o niñas.

Aseguró que a nivel mundial cada año se registran más de un millón de ataques a menores de edad derivado del comercio sexual, víctimas inocentes sometidas a un riesgo que amenaza sus vidas. Aunque en nuestro país, durante el 2020 se registraron 312 denuncias por pornografía infantil, y se tiene un registro de mil menores desaparecidos.

Para México y la capital, el crecimiento de la violencia en contra de menores de edad, y en particular el crecimiento de la violencia sexual, lo sitúan con el nada honroso segundo lugar como país de turismo sexual. Ante ello, consideró que el Congreso local tiene la obligación moral y la responsabilidad social de trabajar, para mejorar las reglas de convivencia logrando una urbe de avanzada en materia legislativa.

Además, propuso agregar un párrafo al artículo 181 del Código Penal local, con el propósito de sancionar con mayor rigor a los servidores públicos, que en el uso de sus facultades encubran o retrasen deliberadamente los procedimientos penales en contra de los agresores sexuales de niños y adolescentes.

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