Perú ordena captura internacional contra ex ministra Betssy Chávez, asilada en embajada de México

El Poder Judicial de Perú emitió una orden de captura internacional y dispuso cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la residencia de la embajada de México en Lima.

La medida se relaciona con el proceso penal por el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La resolución fue dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien consideró que el riesgo de fuga de Chávez es “palpable”, debido a su ausencia en el control del registro biométrico y su inasistencia a diversas audiencias judiciales, de acuerdo con reportes de medios locales.

Un día antes de conocerse el fallo, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, descartó que el Gobierno vaya a irrumpir en la sede diplomática mexicana para capturarla, tal como ocurrió en Ecuador con el exvicepresidente Jorge Glas.

Álvarez sostuvo que esa posibilidad es una “hipótesis negada” y afirmó que:

“Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano”.

¿De qué acusan a Betssy Chávez?

Chávez enfrenta el cargo de coautora del delito de rebelión por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, acción que desencadenó su destitución. Por este caso, la Fiscalía solicita una condena de 25 años de prisión.

Perú rompió relaciones con México tras el asilo otorgado a Chávez e informó recientemente que decidió “demorar” el salvoconducto que permitiría su salida hacia territorio mexicano.

Según el Gobierno peruano, debe consultarse con países de la OEA sobre la aplicación de la Convención de Caracas, al considerar que México ha hecho un uso “indebido” del mecanismo, pues Chávez está acusada de un delito común y no enfrenta persecución política.

Días después de la concesión del asilo, el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando una “reiterada injerencia” en asuntos internos.

México objetó la postura legislativa y respondió mediante un comunicado en el que calificó la decisión como motivada por “planteamientos falsos”.

Un proceso marcado por tensiones diplomáticas

La nueva orden judicial revoca la comparecencia con restricciones que pesaba sobre Chávez. El juez Checkley sostuvo que existe un “evidente incumplimiento (…) respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días”, y reiteró que el riesgo de fuga y de “frustración” del juicio es alto.

Chávez ya había sido detenida en junio de 2023 y permaneció en prisión preventiva hasta septiembre de este año. Recuperó la libertad luego de que el Tribunal Constitucional determinara que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la medida.

Hace dos semanas, el Gobierno de México le concedió asilo y la recibió en la residencia del embajador. Desde entonces permanece bajo resguardo diplomático, mientras Perú mantiene congelado el salvoconducto que autorizaría su salida del país.

Tras la postura mexicana, el gobierno de transición encabezado por José Jerí decidió romper relaciones diplomáticas bilaterales, que ya se encontraban debilitadas desde 2023, cuando México dejó de reconocer a Dina Boluarte como presidenta legítima.

Este jueves, el primer ministro Álvarez anunció que Perú presentará una denuncia internacional contra México “oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano”, al considerar que la administración de Sheinbaum interviene en asuntos internos.

La situación continúa elevando la tensión política y diplomática entre ambos países, mientras el proceso judicial contra Betssy Chávez avanza en medio de cuestionamientos y posturas divididas en la región.