¿Persecución o Extorsión? El oscuro secreto detrás del caso Jaime Cuevas en Nayarit

El Dr. Jaime Cuevas, detenido desde el 6 de junio de este año en un hospital de Bucerías y, a punto de cumplir tres meses en el Centro de Readaptación Social de la misma localidad, es parte de un grupo de víctimas de un sistema político de extorsión llevado a cabo por la Fiscalía General de Nayarit, aparentemente con la venia e inclusión del jefe del Ejecutivo estatal. Este sistema, según denuncias, consiste en encarcelar, presionar y luego exigir sumas millonarias a cambio de libertad.

Esta situación fue revelada el pasado sábado 24 de agosto por el periodista nayarita Ulises Rodríguez en una columna publicada en redes sociales. Rodríguez expuso el caso del notario número 7 de Tepic, Arturo Díaz, detenido a inicios de marzo de 2023 y acusado de encubrir al exgobernador Ney “N”.

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A este último también se le encarceló y se le imputaron cargos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, peculado, tráfico de influencias, entre otros. Sin embargo, ante la falta de pruebas contundentes, se comenzó a exigir sumas millonarias a su familia, que oscilan entre dos y cinco millones de pesos, además de propiedades y el FIAT notarial, según lo relatado por el hijo del afectado en una entrevista grabada.

Según el periodista, la familia del Dr. Jaime Cuevas ha sufrido el mismo destino. Desde que fue ingresado al CERESO de Bucerías, le han exigido dinero y propiedades para obtener su libertad, mientras ha sido vinculado a proceso en dos ocasiones: la primera por peculado y ejercicio indebido de funciones, y la segunda por los delitos de peculado, usurpación de identidad equiparada y falsificación de documentos en su modalidad de uso.

De acuerdo con el relato, estarían involucrados en este esquema el Fiscal General Petronilo Díaz Ponce Medrano, el ahora magistrado Rodrigo Rodríguez Pérez, quien anteriormente fue subfiscal, y el exsecretario de Gobierno Juan Antonio Echeagaray Becerra. Estos funcionarios presuntamente realizan llamadas y participan en negociaciones para detener el hostigamiento a cambio de sumas de dinero y propiedades.

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Cabe destacar que este sistema no solo afecta a políticos, sino también a empresarios y hoteleros de la región. Desde hace años, Eduardo Valencia Castellanos, un desarrollador inmobiliario, ha coincidido con este modus operandi, que ha denunciado a nivel nacional. En este sistema, las personas son encarceladas, torturadas y despojadas de su patrimonio para detener la persecución, lo que ha enriquecido a algunos individuos.

La falta de cooperación con las demandas económicas de estos actores es lo que mantendría al exalcalde de Bahía de Banderas aun tras las rejas, a punto de ser juzgado el próximo mes de octubre, una vez concluido el periodo de investigación.

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