Paramilitares en Chiapas ¿Qué espera el Estado?
Foto: Milenio
El proyecto autoritario que impuso el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para la región, que desde el neoliberalismo se configuró como América del Norte, está necesitado de mantener el control de los recursos naturales estratégicos por su disputa con China por la hegemonía del siglo XXI.
Este proyecto, que inició con el Tratado de Libre Comercio en 1994, movió la frontera de Estados Unidos del Río Bravo al Río Suchiate.
Contener a la fuerza de trabajo proveniente de Centroamérica fue parte del plan inicial. Hoy, se le ha dado forma más redonda con el uso de la Guardia Nacional en esas labores.
Pero el centro de este proyecto tiene como objetivo reorganizar el control de los recursos naturales estratégicos.
No es casual, que los principales afectados, los campesinos, hayan sido de los núcleos de resistencia más fuertes que enfrentó esta andanada.
Aún así, tuvo que estallar un conflicto armado en el sureste chiapaneco para que se produjera una conciencia nacional sobre los impactos que este nuevo despojo tenía para toda la nación.
En términos políticos, el propio Manuel Camacho Solís fue parte de un ala al interior del PRI que no se inclinó por mantener el bombardeo propiciado por la mano dura del Salinato, pero hubo sectores que desde ese momento se apresuraron para instalar un cerco militar en Chiapas para terminar de instalar una guerra de exterminio.
Desde la traición del 9 de febrero de 1995 en Guadalupe Tepeyac había quedado claro que la vía de la confrontación militar quedaba de forma estructural en el escenario chiapaneco.
Los diálogos de paz, era más bien una estrategia para asfixiar la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Incluso después de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar en 1996, lo que siguió fue la exploración de echar andar grupos paramilitares que mermaran la presencia, pero sobre todo el proyecto de autonomía indígena producido por el EZLN y sus bases de apoyo.
Desde aquí entonces se puede entender la masacre de Acteal. Por principio los intelectuales orgánicos del régimen utilizaron la disputa real de la tierra que existe entre los campesinos indígenas pobres de Chiapas para justificar que, no hubo una fuerza paramilitar con tareas específicas de contrainsurgencia, y que apuntaba a establecer un cerco en la región. Desde el conflicto agrario intentaron manipular a la opinión pública para mostrar de forma sesgada un profundo conflicto que se vive en el Chiapas de abajo.
45 muertos incluyendo niños y mujeres embarazadas fue el producto de la brutal incursión paramilitar en Acteal, Chiapas. Ese 22 de diciembre de 1997 es una herida abierta en el México contemporáneo. Ese crimen atroz permanece impune. Hay que recordar que el Estado mexicano nunca encontró las armas con las que se perpetró la masacre. Peor aún, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó liberar en 2009 a los asesinos confesos porque presuntamente la Procuraduría General de la República en los tiempos de Jorge Madrazo Cuéllar había fabricado evidencias. Los asesinos de Acteal regresaron a su comunidad, y las armas siguen ahí.
En 2001, con la llegada de Fox a la presidencia de la república y la mal llamada “alternancia democrática” el conflicto chiapaneco no podía seguir manejándose de la misma manera que se realizaba con el PRI en el poder. Se rompió parte del cerco militar instalado, pero es ahí en donde se profundiza la guerra de desgaste en los altos de Chiapas, y que incluyen otros actores para ir debilitando y dividiendo a las bases de apoyo del movimiento zapatista.
Hoy, en Aldama, Chiapas se vive un drama que, si las autoridades no actúan pronto, podría generar un escenario como el que se generó en 1997. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) para el 17 de agosto informaba que habían existido 56 agresiones armadas por un grupo de corte paramilitar procedente de Santa Martha, Chenalhó y que éstas se habían producido justo después de la ratificación de los Acuerdos de Paz operados por la Secretaría de Gobernación.
La escalada ha sido continua desde el año pasado. Apenas el 17 de julio, este grupo habría baleado a la niña María Luciana Lunes Pérez que resultó herida de bala en un ojo y en su hombro. Las comunidades de Aldama en riesgo son: Xuxch’en, Koko’, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yetón, Ch’ivit, Tselejpotobtik, Juxtón, Ek’el, Nech’en y cabecera municipal de Aldama.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaba recientemente que el sábado 22 de agosto del 2020, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), saquearon e incendiaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, dentro del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, y que se encuentra en el municipio oficial de Ocosingo. Este otro grupo ya había generado en febrero el secuestro de bases de apoyo zapatista.
El 25 de agosto el ejido de Tila era atacado con actos vandálicos con un viejo grupo paramilitar llamado Paz y Justicia que precisamente en esta coyuntura fue reactivado. Este grupo además ha llamado a otros pueblos a sumarse sus ataques y daños al patrimonio del ejido como lo denunciaron pobladores que han sufrido durante años desplazamiento forzoso.
La clase política chiapaneca está rebasada por esta coyuntura. Los viejos caciques, hoy en día ya no se encuentran representados como antaño en el PRI, sino que han mutado en Verdes Ecologistas, y en las últimas elecciones se pintaron de Morena. Lo que ha generado un contrasentido histórico al mandato democrático que llevó al poder a la cuarta transformación. En suma, la clase política chiapaneca en su conjunto no ha podido generar un respaldo social, es parte de la crisis actual y no los actores de su solución.
A raíz del Tren Maya, los intereses sobre la región han incrementado como nunca.
Mantener un cerco al zapatismo es considerado esencial por los caciques que apuestan a ganar por el expolio a las comunidades. Que nadie se confunda, los paramilitares son la respuesta a los nuevos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista CRAREZ, once para ser exactos y que fueron anunciados por el EZLN en un comunicado que titularon “Y rompimos el cerco”. No es un simple conflicto agrario entre pobladores. Es hora de la paz en Chiapas ¿Qué espera el Estado?
