Denuncian cobros elevados en Preparatoria Regional de Puerto Vallarta

En días recientes, este medio recibió denuncias anónimas de padres de familia cuyos hijos estudian en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, expresando inconformidad por los altos costos asociados a inscripciones, libros y el uso de instalaciones como la alberca.

Según los denunciantes, estos cobros son “abusivos” para una institución pública que recibe financiamiento gubernamental.

Uno de los mensajes señala:

“Es inaceptable que paguemos casi $2000 pesos por los libros y alrededor de $1200 por inscripción en una escuela pública que recibe millones de pesos de nuestros impuestos. Además, se habla de un posible cobro adicional por usar la alberca o ciertas clases, lo cual es un abuso. Si no hacemos estos pagos, los alumnos corren el riesgo de ser dados de baja.”

Ante estas acusaciones, CPS Noticias entrevistó a la directora del plantel, la Maestra Susana Ambriz Ramos, para obtener una respuesta.

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En entrevista, la directora explicó que la cuota de inscripción, que varía entre $700 y $1000, es administrada por la Asociación de Padres de Familia y es completamente voluntaria.

Aclaró que aquellos padres que deciden no realizar esta aportación no enfrentan represalias, y que el dinero recaudado se destina a mejoras para los propios estudiantes.

Respecto a los costos de libros, la maestra detalló que se trata de material obligatorio que los estudiantes deben adquirir, pero aseguró que la escuela busca opciones accesibles para las familias.

En cuanto al uso de la alberca, mencionó que el plantel aún evalúa cómo gestionar el acceso a esta instalación, ya que a los interesados en utilizar este espacio recreativo se les cobra una cuota de recuperación la cual es accesible.

Aunque la directora defendió la transparencia de estos procesos, algunos padres de familia consideran que los costos siguen siendo excesivos para una institución pública. Solicitaron que se revise la administración de recursos y se reduzca la carga económica para garantizar que ningún estudiante sea excluido por motivos financieros.

Esta situación pone sobre la mesa la necesidad de un diálogo más cercano entre las autoridades escolares, los padres de familia y la comunidad en general, para lograr acuerdos que beneficien a todos los involucrados.