ONU lleva crisis de desapariciones en México a la Asamblea General; las cataloga como crímenes de lesa humanidad

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) ha tomado una decisión histórica: elevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con carácter de urgencia, la crisis de desapariciones en México.

El organismo busca que la comunidad internacional brinde apoyo técnico y financiero para erradicar lo que ya califica como crímenes de lesa humanidad.

Tras un análisis exhaustivo, los expertos determinaron que estas desapariciones no son hechos aislados, sino ataques sistemáticos contra la población civil.

Estos actos, señala el Comité, son perpetrados bajo políticas de autoridades federales, estatales o municipales, o por grupos criminales que operan con el respaldo o la omisión del Estado mexicano.

Ausencia de una política federal dirigida, pero complicidad local activa

A pesar de la dureza del diagnóstico, el organismo internacional aclaró que no existen pruebas de una política institucional dictada directamente por el Gobierno Federal para desaparecer personas.

Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad del Estado persiste debido a la colusión de funcionarios en los niveles locales y la falta de capacidad para frenar la violencia.

Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, fue enfático al señalar que para el derecho internacional no es necesario que un crimen sea orquestado desde la cúpula del poder para ser considerado de lesa humanidad.

“Lo que define la gravedad es la magnitud, el patrón de los ataques y que el objetivo sea la población civil”, sentenció el diplomático.

El colapso forense: más de 70 mil restos sin identificar

La ONU advirtió que la situación no ha presentado mejoras significativas desde 2021. Las cifras son demoledoras: se han contabilizado cerca de 4 mil 500 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6 mil 200 cadáveres y más de 76 mil restos humanos, la gran mayoría aún sin nombre ni identidad.

Ante este escenario, la propuesta enviada al secretario general, António Guterres, contempla una asistencia especializada en análisis forense e investigación profunda.

El objetivo es desarticular los vínculos entre el crimen organizado y los servidores públicos, además de garantizar un mecanismo real de protección para las familias que realizan las labores de búsqueda.

Jalisco y Chiapas: los epicentros de la crisis actual

El informe, respaldado por la organización I(dh)eas, identifica puntos críticos en la geografía nacional. Chiapas concentra el 30 % de las nuevas acciones urgentes, principalmente por desapariciones colectivas de migrantes.

Por su parte, Jalisco se mantiene como el segundo estado con más reportes, donde se documentan detenciones forzadas ejecutadas por sujetos que se identifican como agentes estatales.

En entidades como Sinaloa, el fenómeno se vincula directamente a las disputas territoriales de grupos delictivos en zonas donde existe una evidente complicidad con las autoridades.

Mientras tanto, en Baja California, Tamaulipas y Guanajuato, se reporta un estancamiento absoluto en expedientes que datan de hace más de ocho años.

México lidera la lista negra de acciones urgentes a nivel global

Las estadísticas sitúan a México en una posición crítica: entre 2012 y febrero de 2026, el país acumuló 819 acciones urgentes, lo que representa el 38 % del total mundial. Esta cifra supera incluso a naciones con conflictos bélicos prolongados como Irak, que registra 669 casos.

Solo en el periodo más reciente (septiembre de 2025 a febrero de 2026), se sumaron 40 nuevas solicitudes, evidenciando un deterioro acelerado.

La organización I(dh)eas alertó que, de no haber resultados inmediatos, el Comité podría invocar el artículo 34 de la Convención, lo que derivaría en una investigación internacional formal contra el Estado mexicano por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.