Nueva Ley Notarial en Nayarit cumple tres años: cuatro fedatarios pierden su FIAT y dos bajo sospecha
La nueva Ley Notarial aprobada en mayo de 2022, impulsada por el Gobierno de Nayarit encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, marcó un antes y un después en el ejercicio del notariado en el estado. La reforma no solo endureció la supervisión, auditoría y revisión del actuar de los fedatarios, sino que también abrió legalmente la puerta a la persecución penal del gremio.
Con esta ley se fortalecieron y ampliaron las facultades de la Dirección del Notariado, otorgándole mayor fuerza para inspeccionar, auditar y sancionar a notarios en funciones, facultades que anteriormente eran limitadas o meramente simbólicas.
La legislación establece causales específicas para suspender o retirar una patente notarial, entre ellas: falsificación de documentos, simulación de actos jurídicos, participación en fraudes o despojos y uso indebido de la fe pública. Con ello, el notario dejó de ser una figura intocable, ya que ahora puede enfrentar procesos penales, además de sanciones administrativas y responsabilidad patrimonial directa por los daños causados.
Asimismo, la ley obliga al notario a verificar la identidad de las partes y la legalidad de los actos, comprobar la propiedad real de los inmuebles y evitar escrituras apócrifas o simuladas. A esto se suma la coordinación directa con la Fiscalía General del Estado y el Registro Público de la Propiedad, permitiendo el intercambio de información para facilitar investigaciones por fraude inmobiliario y lavado de dinero.
NOTARIOS SIN FIAT
Desde la promulgación de la ley en 2022 y hasta 2025, cuatro notarios han perdido o están en proceso de perder su patente notarial.
El primer caso fue el del notario número 8 de Tepic, Alonso “N”, detenido por su presunta implicación en el multimillonario fraude del Fideicomiso Bahía de Banderas, además de delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, amenazas agravadas y secuestro, cometidos en agravio de dos personas de identidad reservada.
En noviembre de 2023, el notario número 13 de Tepic, José Luis Béjar Fonseca, renunció a su patente notarial tras ser acusado de asociación delictuosa, tráfico de influencias, falsificación de documentos, falsificación de certificaciones y usurpación de identidad equiparada.
Más recientemente, Juan Antonio Echegarray, notario número 11 de Tepic, fue detenido el 27 de noviembre y liberado horas después. Sin embargo, fue vinculado a proceso y es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de falsificación de certificaciones; certificación, formalización, registro e inscripción indebida de inmuebles; y fraude específico.
El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, además de dar vista al Notariado del Estado de Nayarit para analizar la suspensión de su FIAT notarial.
A esta lista se suma el notario número 4 de Ixtlán del Río, Enrique “N”, junto con dos presuntos cómplices, detenidos el 28 de noviembre y ya vinculados a proceso por ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos y certificaciones, certificación y registro irregular de inmuebles, fraude por simulación de acto jurídico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y también dio vista al Notariado estatal para la suspensión de funciones.
Dos notarios de Bahía de Banderas bajo sospecha
La Fiscalía General del Estado mantiene bajo investigación a dos notarios de Bucerías, Bahía de Banderas, cuyas actuaciones están siendo revisadas mediante compulsas y análisis de documentación, ante la presunción de actos realizados de manera ilegal.
Ha trascendido que uno de ellos se encuentra amparado ante el posible retiro de su patente, mientras que otro también recurrió al amparo para frenar cualquier acto judicial que ponga en riesgo su FIAT notarial o derive en un proceso penal.
Con la intervención directa del Gobierno de Nayarit en la actividad notarial, ya existen fedatarios fuera de circulación por ejercicio indebido de funciones, acciones que la autoridad justifica en denuncias ciudadanas de personas que aseguran haber sido víctimas de irregularidades notariales.
La postura oficialista ha sido clara: el notario no actúa como particular, sino como auxiliar directo del Estado, responsable de garantizar legalidad, certeza y seguridad jurídica, y quien incumpla esa función enfrentará las consecuencias que marca la ley.
