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Tecla 7/6 “Presiones mediáticas”

Tecla 7/6    “Presiones mediáticas”
  David Rojo   Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General de Veracruz, ayer se sentía retador. Y al desdén por la justicia, a casi un año que se levantara la denuncia en contra de cuatro juniors acusados de violar a una menor de edad --rayando el expediente ministerial en el charco de la impunidad--, retaba en cuanto a que la impartición de justicia no cederá a “presiones” mediáticas, políticas o ciudadanas “vengan de donde vengan”. Pero, a la indolencia del aparato gubernamental veracruzano impuesta desde meses atrás, ayer mismo Javier Duarte tuvo que recular y acudir en forma personal a la empresa de la familia agraviada en el Puerto de Veracruz para hablar del tema. Fuera de su agenda pública y acompañado sólo del alcalde del municipio porteño, Ramón Poo, el mandatario estatal priista acudió al negocio de la familia de la víctima para “prometer” que en el delito cometido contra la joven en enero del 2015 “no habrá impunidad” y que se aplicará castigo para los jóvenes involucrados, sin importar si sus padres son prominentes empresarios o políticos. La reunión fue difundida por el mismo Gobernador a través de su cuenta oficial de Twitter @Javier_Duarte. En la misma red social, el funcionario garantizó que habrá justicia. No fue casual el encuentro. El caso Daphne, la menor víctima de abuso sexual por los llamados Porkys de Costa de Oro, es causa de indignación nacional, con un Otra Vez Veracruz, que por igual debe de ser causa de preocupación en la propia Secretaría de Gobernación, por toda la percepción ciudadana que se ha generado con el abandono de la justicia, dado que no se trata ya nada mas de un caso, sino incluso de replicas de Ayotzinapa, en los municipios de veracruzanos de Tierra Blanca y Papantla, en los que en suma siete jóvenes fueron desaparecidos por policías y presuntamente asesinados tras ser entregados a delincuentes potenciales. El Otra Vez Veracruz implica también el agravio del mayor número de asesinatos de periodistas en el país. Sin quererse salir del rol que ha provocado mas agravio social el Fiscal General de Veracruz, ayer mismo citado por  Noé Zavaleta, corresponsal de Apro, aseguraba que en los casos de Daphne Fernández --cuya causa penal está reservada--- y en el de la hija de Fernanda Cruzado, joven de 19 años abusada y grabada en un video pornográfico en la Tampiquera en Boca del Río --Investigación Ministerial 275/2016--, será la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas presidida por Consuelo Lagunas Jiménez, la que actúe conforme a la ley y con respeto a las garantías de víctimas y victimarios. Pero, Apro, da otro dato revelador en medio de la incertidumbre social que genera la impunidad: “Lagunas Jiménez es la exdirectora de Investigaciones Ministeriales que desde mayo del 2012 y hasta finales del 2014 fracasó en la búsqueda de Jorge Hernández Domínguez El Jarocho, presunto asesino de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, cuyo homicidio continúa impune”, cita la agencia informativa. El fiscal, Luis Ángel Bravo, no obstante no quería soltar  su rol retador por lo que insistió que aunque la opinión pública “ejerza presión”, el trabajo de la FGE continuará su curso. Sin embargo el que Javier Duarte halla ido con la familia agraviada, es porque ya no sabe el Gobernador de cómo salir de la indignación nacional que ha despertado el caso Daphe, con lo que se interpreta que ahora intenta bajar la presión social ante el supuesto que habrá, finalmente, la justicia negada desde meses atrás. Espejos en lo que ningún otro lugar deberá de verse, incluyendo a Baja California Sur. Y ante cuyos hechos el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a través de un comunicado ayer señaló  que es fundamental que el estado (con el caso Daphne)  cumpla con las obligaciones de diligencia debida y adopte las medidas necesarias para evitar procesos de revictimización para la menor y sus familiares. También pidió realizar una adecuada investigación de los hechos bajo los más altos estándares del debido proceso, de forma pronta, expedita y con perspectiva de género. “En México, la violencia sexual contra las mujeres es una de las expresiones más normalizada de la violencia machista, que se manifiesta de múltiples formas: el acoso, el hostigamiento y la violación. Pero también, no creerles a las víctimas o retrasar injustificadamente las investigaciones en las instituciones, es otra forma de violencia que se debe investigar y sancionar”, aseguró. Podrá decir lo que quiera el Fiscal veracruzano, podrá seguir de retador, pero de que pesa la opinión pública, pesa. Y si no que le reclame al Gobernador del por qué fue con  la familia agraviada.  
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