Tecla 7/6 Dentro del horror de las cifras

Tecla 7/6    Dentro del horror de las cifras
  David Rojo Anabel Flores Salazar recién había visto el nacimiento de su segundo hijo. Pero éste, a escasos 15 días de haber nacido, ya no la conocerá, le mataron a su madre. A Anabel con lujo de violencia y al amparo de armas de alto poder,  la sacaron de su casa, para horas después, asesinarla. Los condenables hechos se registraron en la zona central de Veracruz, en donde Anabel llegó a cubrir actividades de periodista. Sin embargo en dos diarios locales de aquella región veracruzana, en los que se citó llegó a prestar servicios, de inmediato se dio el deslinde. Antes del deslinde de las empresas periodísticas, el Gobierno de Veracruz había procedido con la victimización, tras el secuestro de Anabel, al relacionarla en un comunicado de prensa con un presunto narcotraficante con quien habría estado, cuando efectivos militares habrían procedido con su captura. Más si se hubiera tratado de una persona ligada al crimen organizado, por qué, entonces, en su momento las autoridades ministeriales o policiales de Veracruz no procedieron con el proceso de investigación respectivo en contra de ella, incluso con su detención. Con deslindes o victimización el caso no deja de ensombrecer lo que se imparte y se tiene por justicia. La organización Artículo 19 dio a conocer que desde 2003 han desaparecido en México 23 periodistas, es decir, dos por año en promedio. En su informe ‘Periodistas desaparecidos en México”, sostiene que 96% de las víctimas trabajaban en temas de corrupción y delincuencia, con posibles autoridades involucradas. Citado el informe en un despacho de Apro, acreditado a Mathieu Tourliere, se indica que en cuatro de las 23 desapariciones, detalla, se encontraban involucradas autoridades militares, en cinco autoridades federales y en siete autoridades estatales y municipales. Plantea, asimismo, que las investigaciones de los 23 periodistas desaparecidos están plagadas de irregularidades y hasta ahora no desembocaron en ningún resultado, lo cual demuestra que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) –integrada a la PGR en julio de 2010-- “únicamente ha fomentado la impunidad”. Impunidad que acrecienta el horror violento sobre cualquier ciudadano. Ahora mismo el desconsuelo que viven los padres de los jóvenes desaparecidos a manos de policías veracruzanos.    
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