Nayarit en crisis en impartición de justicia, el 93% de delitos no se denuncian ni investigan

Un reporte de México Evalúa señala que Nayarit tiene el menor índice de capacidad en justicia penal a nivel nacional, con altos índices de delitos no denunciados y uso excesivo de prisión preventiva
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Fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano

Un informe presentado el 18 de marzo del 2025 por la organización México Evalúa, en colaboración con Red Justicia, coloca a Nayarit en el último lugar del ranking nacional en cuanto a capacidad de justicia penal. El estudio, titulado “Hallazgos desde lo local 2023: Nayarit”, analiza el sistema judicial en la entidad y presenta recomendaciones para su mejora.

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El reporte destaca que el 93.8% de los delitos en Nayarit no se denuncian ni investigan, cifra superior al promedio nacional. Los delitos con menor tasa de denuncia son la extorsión, el fraude y el robo en la vía pública. A pesar de esto, se observa que las causas de la no denuncia atribuibles a la autoridad son menores en comparación con el promedio nacional.

La incidencia delictiva en Nayarit mostró una reducción del 35.1% en 2023 en comparación con el año anterior. A pesar de esta disminución, Tepic se mantiene como el municipio con mayor número de delitos registrados, con un total de 6,337 casos. Le siguen Bahía de Banderas, con 1,921 reportes, y Santiago Ixcuintla, con 877.

El análisis revela una disparidad en la carga de trabajo de los operadores del sistema de justicia penal. Mientras que agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos y jueces tienen cargas inferiores al promedio nacional, peritos y defensores públicos enfrentan cargas considerablemente superiores.

Nayarit obtuvo el puntaje más bajo en el Índice de Capacidad, alcanzando 206.22 de 1,000 puntos posibles.

“Se recomienda a las autoridades de Nayarit dar seguimiento a la implementación de la política de persecución penal publicada en 2022 por la Fiscalía del Estado. Y en ese sentido revisar que las políticas criminales y de persecución planteadas por las instituciones tomen acciones respecto de los delitos cuyos índices de cifra negra son más altos: la extorsión y el fraude.

Así como para los casos de violencia familiar, ya que es el delito que más se denuncia en el Estado. Para ello se propone establecer canales de comunicación constantes con las organizaciones de sociedad civil que apoyan a víctimas y dan seguimiento a agresores”, apuntó Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

El control de legalidad en las detenciones muestra que el 96.62% de estas fueron calificadas como legales por un juez, superando el promedio nacional. Sin embargo, el 50.45% de las personas en prisión se encuentran en proceso y a la espera de sentencia, y la prisión preventiva oficiosa se aplica en un 64.7% de los casos, cifras ambas superiores a la media nacional.

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El informe recomienda a las autoridades dar seguimiento a la política de persecución penal, enfocar esfuerzos en delitos con alta cifra negra como la extorsión y el fraude, revisar el uso de la prisión preventiva e implementar mejoras en la defensoría pública.

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Efrén Urrutia