La divulgación reciente por parte del medio estadounidense ProPublica sobre un supuesto financiamiento del crimen organizado durante la campaña electoral de 2006 del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un impacto significativo en el panorama político mexicano. En respuesta a estas acusaciones, el medio británico The Economist publicó el jueves 8 de febrero un artículo cuestionando la distancia entre el mandatario tabasqueño y la corrupción, un problema que asegura, no tiene cabida en sus acciones.

El artículo analiza las recientes acusaciones que implican a López Obrador como receptor de fondos provenientes del cártel de Sinaloa hace 18 años. A pesar de que no se presentan pruebas que vinculen directamente al entonces candidato presidencial con estos aportes, se destaca que uno de sus colaboradores cercanos, Nicolás Mollinedo, estaba al tanto de la situación.

Además, hace alusión a una posible campaña en contra de López Obrador con fines electorales, de la cual también saldría perjudicada la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, de quien se dijo “es casi seguro que ganará”.

A pesar de mencionar las voces que piden una investigación más profunda en el caso, el diario inglés destaca ejemplos que cuestionan la relación de López Obrador con la corrupción, algunos de ellos vinculados a los hijos del presidente.

Uno de ellos es la controvertida “casa gris” en la que estuvo involucrado su hijo José Ramón por un presunto conflicto de interés, así como el caso de la red ligada a su otro hijo, Gonzalo, que se presume cobró de más a empresas proveedoras de materiales para el Tren Maya.

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El artículo también aborda el desfalco millonario en Segalmex y los señalamientos que apuntan a que alrededor del 80 por ciento de los contratos públicos se otorgan de manera directa. Además, se citan encuestas que indican que alrededor del 86 por ciento de los participantes asocian la corrupción con el gobierno.

En este contexto, The Economist se suma a las voces que cuestionan la integridad del presidente López Obrador, quien, al ser interrogado sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado en 2006 (investigados por la DEA), ha señalado intereses políticos y electorales tanto a nivel nacional como estadounidense.

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Respondiendo a las declaraciones del presidente, ProPublica emitió una respuesta a través de su portal de internet este 9 de febrero, exponiendo:

“La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas es tan vieja como la democracia misma. Pero el auge de los medios sociales ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas. Los políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet”.

El artículo de Golden, publicado el pasado 30 de enero, aborda las acusaciones de qué narcotraficantes contribuyeron con 2 millones de pesos a la primera campaña presidencial de López Obrador, quien rechazó el reportaje como “completamente falso” y lo tachó de ser “una calumnia”, además de llamar al reportero “mercenario de la DEA”, “instrumento del Departamento del Estado” y “un peón”, entre otros calificativos.