Mujeres del Reclusorio de Puerto Vallarta ya no usarán uniforme penitenciario
En Puerto Vallarta se aplicará a partir de este jueves el acuerdo administrativo de las autoridades penitenciarias estatales, con el que cesa la obligación de vestir uniforme penitenciario para las mujeres privadas de la libertad en reclusorios del sistema penitenciario de Jalisco. La disposición establece dos excepciones, ropa de colores negro y azul, que corresponden respectivamente a visitas y personal de custodia.
Además, el sistema penitenciario proveerá de ropa a las internas en apoyo a quienes enfrenten desventaja económica.
Esta resolución entró en vigencia en el estado el pasado 8 de octubre, en el Reclusorio de Puerto Vallarta se encuentran internadas 82 mujeres, quienes ahora ya podrán usar otros colores diferentes al antes obligado beige, informó Gustavo Solano López, director de este centro penitenciario ubicado en las afueras de Ixtapa.
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El Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, en Guadalajara encabezó un acto al interior de un penal, donde destacó que Jalisco es la primera entidad en México donde se aplica esta medida, de acuerdo a los tratados internacionales y el respeto a la dignidad de las personas, que dijo está por encima de otros reglamentos, “una mujer privada de su libertad no es menos que otra, muchas ni siquiera son culpables, no estamos transgrediendo ninguna norma”, subrayó.
Entregó de manera simbólica juegos de ropa convencional con colores distintos a los establecidos e indicó que en Jalisco hay 700 mujeres privadas de su libertad. Anunció que la siguiente etapa será en el área de varones, pues si se les reconoce prevención de inocencia no tienen porque en prisión preventiva limitar sus derechos.
El maestro Pérez Juárez explicó que esta medida cumple con lo dispuesto por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Primero, en materia de observancia obligatoria y enunciativa de los derechos humanos, anteponiéndolos a cualquier tecnicismo jurídico.
Agregó que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, así como las Reglas Mandela, con rango Constitucional, sitúa a los derechos humanos por encima de la Ley particular, como es el caso de la Ley Nacional de Ejecución Nacional.
Externó que Jalisco se somete al imperio de la Ley y a los tratados internacionales y se convierte en el primer Estado de la República que ejerce esta medida que deriva de evaluaciones previas de todas las áreas del sistema penitenciario, incluidas la Jurídica, la de Salud, con enfoque particular en la salud mental, y la de Seguridad Penitenciaria.
Recordó además de priorizar los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, también los derechos y la calidad de vida de sus hijas e hijos, lo que se detectó durante las etapas más críticas de la pandemia de Covid-19, cuando al suspenderse las visitas se implementó el servicio institucional de videollamadas y se permitió a las internas vestir ropa distinta al uniforme, para evitar su estigmatización ante la mirada de sus hijas o hijos.
El titular de la Prevención y Reinserción Social indicó que esta y otras acciones que han diferenciado positivamente al sistema penitenciario estatal, derivan de la instrucción del gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, de priorizar en la reinserción social la dignificación de las internas y de sus hijas e hijos.
Por ello, agregó, ha innovado con la primera universidad penitenciaria en México, con RVOE propio; la primera Escuela Jalisciense de Alebrijes, los conciertos en reclusorios de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y acciones similares que han permitido registrar sólo 17 reincidencias con condena por delito distinto, luego de más que 25 mil 500 libertades ejecutadas por el sistema penitenciario de Jalisco.
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