México y cinco países rechazan acciones militares y el control externo de recursos en Venezuela
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Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron este 4 de enero de 2026 un comunicado conjunto en el que fijaron postura frente a los hechos ocurridos en Venezuela, expresando su rechazo a acciones militares unilaterales y a cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos.
El documento, difundido por la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, señala que dichas acciones contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Llamado a la solución pacífica y al diálogo
En el pronunciamiento, los seis países reiteraron que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional.
Asimismo, subrayaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
América Latina y el Caribe como zona de paz
Los gobiernos firmantes reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención, por lo que hicieron un llamado a la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad política, económica y social de la región.
En ese contexto, exhortaron al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.
Rechazo al control de recursos estratégicos
Finalmente, el comunicado advierte que cualquier intento de control gubernamental, de administración o de apropiación externa de recursos naturales o estratégicos resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región, por lo que fue rechazado de manera expresa por los países firmantes.
