En México no vale nada la vida y la vida no vale nada

En un país donde la violencia ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una rutina que domina los titulares, los hogares y las calles, las cifras hablan de un deterioro alarmante. Tan solo en 2023, más de 35,000 personas fueron asesinadas en hechos violentos en México.

Este 2024, la situación no muestra signos de mejora: hasta junio, se registraron al menos 2,185 crímenes catalogados como “atrocidades” —acciones caracterizadas por niveles extremos de crueldad— y cerca de 4,959 víctimas, muchas de ellas niños y adolescentes, según datos de organizaciones civiles.

El fenómeno de las desapariciones forzadas también mantiene su presencia lacerante. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reportó casi 2,000 personas desaparecidas en lo que va de 2024, una tendencia que afecta especialmente a mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años, y a hombres de entre 25 y 29 años. Estados como el Estado de México, Michoacán y Zacatecas lideran estas estadísticas sombrías.

Un caso reciente que ha generado alta resonancia mediática es el asesinato del empresario vitivinícola Ricardo Vega Cámara, propietario del viñedo Cuna de Tierra en Guanajuato. Este hecho, ocurrido en un estado golpeado por la violencia, pone en evidencia la falta de estrategias efectivas por parte de las autoridades.

El país en llamas y nuestros dirigentes tomándose fotos y sonriendo.

Que lamentable asesinato.

Lo reitero, los mexicanos salimos a las calles a esquivar balas. pic.twitter.com/wuoT121xSn

— Reyna Rodriguez (@ReynaRo78488165) December 16, 2024

Tanto el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, como la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, se limitaron a “condenar y lamentar los hechos”, una respuesta que parece ya estándar entre los políticos. Sin embargo, su verdadera función es prevenir que tragedias como esta ocurran, para lo cual pidieron el voto de los ciudadanos. Este lamentable episodio se suma a la larga lista de muertes que mantienen a México en llamas, mientras los políticos continúan actuando como si nada.

Ante estos datos escalofriantes, parece que los gobiernos en todos sus niveles —federal, estatal y municipal— han fallado en su obligación más básica: proteger la vida de las familias mexicanas. La estrategia de “abrazos, no balazos”, defendida por el actual gobierno, no ha logrado mitigar la violencia ni desarticular el poder de las organizaciones criminales, que operan con una impunidad escalofriante.

Mientras tanto, empresarios y ciudadanos parecen haber adoptado una actitud de indolencia, aceptando la violencia como parte de la cotidianidad. La capacidad de asombro se ha erosionado, y los hechos que deberían provocar indignación y movilización se perciben ahora con una resignación peligrosamente habitual.

La situación ha atraído la atención internacional, particularmente de Estados Unidos. Figuras como Donald Trump han criticado abiertamente las políticas permisivas del gobierno mexicano, calificándolas de una amenaza no solo para México, sino también para la seguridad de su país. Han prometido medidas más firmes contra el narcotráfico y los flujos de violencia que cruzan las fronteras.

México se enfrenta a una encrucijada moral: o se reconoce y enfrenta el problema de manera integral, o se condena a su sociedad a un estado de indiferencia permanente, donde la vida, literalmente, no vale nada. La violencia no es, ni debe ser, un hecho normalizado. Sin embargo, revertir esta percepción exigirá mucho más que discursos; requerirá acciones contundentes, justicia para las víctimas y un compromiso real de todos los sectores de la sociedad.

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