Mexicano deportado a África junto a criminales peligrosos por gobierno de Trump
Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano mexicano, fue deportado a África junto a siete extranjeros más, en un vuelo coordinado por el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, enmarcado en las políticas migratorias de Donald Trump.
El destino fue Sudán del Sur, pese a que no existe una relación migratoria clara entre este país y los deportados. La medida formó parte de una operación que, según la dependencia estadounidense, tenía como objetivo retirar del país a personas clasificadas como extremadamente peligrosas.
De acuerdo con información oficial, Muñoz Gutiérrez había sido condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Las autoridades lo incluyeron dentro del grupo de migrantes indocumentados catalogados como amenaza a la seguridad nacional bajo los lineamientos del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la legalidad del procedimiento migratorio fue cuestionada por instancias judiciales estadounidenses.
Un juez federal en Massachusetts denunció que la deportación del mexicano a Sudán del Sur no cumplió con el debido proceso. En su evaluación, se trató de una acción arbitraria que pasó por alto garantías mínimas del derecho migratorio, en un patrón que ya se ha observado en casos similares de deportaciones hacia países como El Salvador.
El DHS justificó la operación afirmando que los individuos removidos del país habían cometido crímenes atroces, y que mantenerlos bajo custodia estadounidense representaba un riesgo continuo para la población. En su declaración, la portavoz Tricia McLaughlin defendió la deportación del mexicano y sus acompañantes como una acción preventiva en favor de la seguridad nacional.
Según el mismo comunicado, el vuelo partió desde Texas y trasladó a Muñoz Gutiérrez junto con otros criminales convictos provenientes de Cuba, Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur. Todos compartían un denominador común: condenas por delitos graves y la etiqueta oficial de “altamente violentos”.
La deportación del mexicano a África encendió alarmas en organizaciones defensoras de derechos humanos y en la ONU, que ha cuestionado las deportaciones masivas ejecutadas por Estados Unidos, especialmente aquellas que involucran traslados a países sin nexos culturales o legales con los deportados.
Aunque las autoridades estadounidenses entregaron a los medios los nombres y fotografías de los expulsados, alegando que era una medida para “revelar la verdad” sobre sus crímenes, este acto fue criticado por ser una forma de estigmatización pública. Los activistas señalaron que se trata de una estrategia para legitimar deportaciones sin sustento legal.
La presencia del mexicano deportado a África en un país donde no tiene vínculos ni redes de apoyo plantea preocupaciones adicionales sobre su supervivencia y sobre la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump en estos casos. La falta de coordinación con Sudán del Sur, una nación afectada por conflictos internos, también ha sido objeto de debate.
