Vinculan a proceso a menores que quemaron a compañero

Dos adolescentes fueron vinculados a proceso luego de haber ocasionado quemaduras de segundo y tercer grado a un compañero de secundaria, a quien quemaron con alcohol en una telesecundaria de Querétaro.

El pasado viernes se llevó a cabo la primera audiencia para que se presentaran los acusados de haber agredido a Juan Pablo, el menor de 14 años que fue quemado en la Telesecundaria Josefa Vergara, en el municipio de Querétaro.

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Resultado de la audiencia, un Juez determinó la vinculación a proceso por el delito de lesiones dolosas. Además, impuso las medidas cautelares de vigilancia y presentación periódica, prohibición para salir del estado y acercarse a la víctima; así como 3 meses de investigación complementaria.

Se negaron a declarar

Con total tranquilidad y sin aspavientos se llevó a cabo la primera audiencia, que duró casi dos horas, y durante la cual, los menores acusados de haber rociado con alcohol y quemado a su compañero de clase, se rehusaron a declarar, un derecho que respalda la Constitución; sin embargo, eso no evitó que la Fiscalía General del Estado los vinculara a proceso por el delito de lesiones dolosas y dictaminar algunas medidas cautelares en su contra.

Gobierno estatal presume apoyo, pero no hemos recibido nada

Al término de la primera audiencia, los padres de Juan Pablo y una de sus hermanas se dijeron molestos con el gobierno estatal, pues señalan que no sirve lo que ellos digan si la autoridad del estado va a emitir comunicados afirmando cosas que en los hechos no han ocurrido.

Lo anterior, al referirse al comunicado que emitió hace unos días el gobierno estatal, en el cual aseguró que se le ha brindado apoyo y asistencia a la familia de la víctima. Se habla de becas y oportunidades de estudio en diversas instituciones, así como despensas y otros beneficios, lo que don Juan Zamorano, padre de Juan Pablo, desmiente.

“Eso que dijo el gobierno, todavía no lo ha presentado en los hechos, no lo hemos recibido. Dijo que iba a llevar a mis niñas a estudiar a un centro, pero todavía no han hecho nada, nos dieron una cajita nomás (de despensa) que nos duró dos días nada más (…) Ya hemos dado suficiente posicionamiento, ahora solo esperamos los avances que estamos procesando, esperemos que trabajen las autoridades”, declaró don Juan Zamorano.

Por su parte, la madre de Juan Pablo, doña Eugenia Eduardo, se muestra más afectada por los hechos y asegura que no hay despensa que valga el sufrimiento de su hijo.

“Para mí vale más la salud de mi hijo que la despensa. Ahorita ya lleva cuatro cirugías, él está mal [emocionalmente], se tienen dolores, yo he visto a mi hijo cómo sufre, por eso, si el gobierno [piensa] que nada más con su despensita va a tapar esto, no, porque me interesa más la salud de mi hijo que una despensa”, declaró.

Por su parte, Ernesto Carreño, abogado de la familia y de Juan Pablo, relató que las pruebas que la fiscalía presentó fueron suficientes para que se vinculara a proceso a los acusados, teniendo tres meses adicionales para las investigaciones complementarias:

“Se dictaron medidas cautelares en favor de la víctima, así como de sus padres y testigos, lo que consiste en una presentación periódica ante la autoridad competente, la vigilancia de la misma autoridad, asimismo, no acercarse a la víctima menor de nombre Juan, a sus papás o testigos, esto para que no vaya a afectar derechos de defensa”, detalló.

Respecto a las acusaciones por racismo en contra del menor y su familia, el abogado detalló que, al haber sido una audiencia inicial, no se tocó este tema, pues será durante los tres meses complementarios en los que se presenten los elementos de prueba que respalden esta acusación.

Refirió que de igual manera se ingresó una carpeta de investigación ante la Unidad de Servidores Públicos, en contra de la maestra de Juan Pablo, por lo que se integrará una carpeta a la que la fiscalía también brindará el apoyo para el esclarecimiento de los hechos.

En su oportunidad, Fabián García, otro de los abogados de la familia Zamorano Eduardo, recordó que, debido a la edad de los inculpados (13 años), no pueden ser internados en un centro tutelar y, en caso de haber otro tipo de sanción, como servicio social, éste tendrá que ser determinado por la juez.