Marea Verde

Legalización del aborto

Argentina hoy sirve de ejemplo para muchos países de América Latina, incluyendo el nuestro. El martes pasado el Senado argentino despenalizó la interrupción del embarazo antes de las 14 semanas de gestación.  

Es un gran logro de la lucha feminista, un logro que alienta a millones de mujeres en otros países a seguir peleando por sus derechos reproductivos.

Además de Argentina, sólo en Cuba, Uruguay, la Guyana Francesa y Puerto Rico se permite abortar legalmente sin importar el motivo.

En México, sólo en Oaxaca y en la Ciudad de México las mujeres que no desean continuar con su embarazo pueden interrumpirlo libremente antes de las 12 semanas de gestación.  

En la capital desde el 2007; en Oaxaca, desde hace poco más de un año. En el resto del país las mujeres no tenemos la libertad de decidir interrumpir un embarazo, a menos que exista una causal.

Causal es el término legal que se usa para describir situaciones particulares como una violación, que la salud o la vida de la mujer estén en riesgo, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo fue producto de inseminación artificial forzada, si es espontáneo o si la economía es precaria.

Sólo en el caso de ser víctima de violación se permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas en los 32 estados de la república. En otros, se toman en cuenta algunas de las causales antes señaladas para no penalizar el aborto.

En Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán se aprobó una reforma constitucional para “proteger la vida desde el momento de la concepción”.

Proteger la vida del producto, claro, no la de la mujer. Y es justo lo contrario a lo que se aprobó tanto en Argentina como en Oaxaca y la Ciudad de México. Ponderan la vida de las mujeres, garantizando ante todo su salud.

Desde 2008 grupos conservadores han impulsado estas reformas constitucionales que surgieron con la intención de limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, además de servir como obstáculo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar el aborto.

Otra de las consecuencias que se han observado a partir de la emisión de estas reformas es la criminalización de las mujeres que requieren el acceso a servicios de atención post aborto, inclusive en los casos en los que fue por causas naturales.

En Querétaro y Guanajuato, por ejemplo, sólo se justifica la interrupción del embarazo si la mujer fue víctima de violación o fue un aborto espontáneo. Cualquier otra causal es ilegal y las mujeres llegan a cumplir penas de hasta 3 años de prisión por realizarlo. 

Además de privar de su libertad a quienes interrumpen su embarazo, los estados en los que el aborto no es legal (salvo algunas causales) ponen en riesgo la vida de las mujeres que recurren a practicarse un aborto clandestino.

Han pasado años de lucha, de debate, de enfrentamientos. Aún no nos queda claro que es un asunto de salud pública, de ejercicio de derechos, de respeto. 

Penalizar el aborto no impide que se practiquen diariamente; despenalizarlo, en cambio, garantizará que quienes decidan interrumpir su embarazo lo hagan de una manera legal y segura. La lucha sigue. 

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