“Mantener la seguridad de la sociedad”
Generalmente nos acostumbramos al ejercicio de instituciones, inclusive si ejecutan acciones que no les corresponden.
Un ejemplo es el Ejército Mexicano, cuyas funciones están perfectamente definidas en nuestra Constitución.
Sin embargo, después de casi 4 años de gobierno ya vemos con toda naturalidad y tácita aceptación que el ejército es el mandadero del presidente en turno, quien, siendo su jefe máximo, según la Constitución, la viola encargándole labores que lo denigran y completamente fuera de su destino.
Según la ley orgánica del ejército, emanada de la Constitución dice:
“Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; Garantizar la seguridad interior; Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y colaborar en la ayuda en desastres nacionales.”
Y en efecto, tienen que obedecer al presidente, siempre y cuando esté cumpliendo sus labores constitucionales.
La primera violación a esta ley es que no está garantizando la seguridad interior, no obstante que ya están en las calles.
Los hechos violentos en Cd. Juárez, Guadalajara, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y ahora Tijuana, Mexicali, Rosarito y Ensenada, en donde la ciudadanía estuvo indefensa y a merced de actos de violencia en sus propiedades y sus personas sin ninguna ayuda oportuna del ejército o la guardia nacional, supuestamente coordinados con el gobierno del estado.
La conclusión basada en los hechos, por lo menos los de Tijuana, Mexicali y Ensenada es que no existe una coordinación efectiva en el combate a estos actos vandálicos. La fuerza pública se vio incapaz de controlar a menos de 30 vándalos causando incendios y destruyendo comercios, y no existió la ayuda efectiva y oportuna de las autoridades para evitar esas agresiones y daños causados.
Se recomienda, tanto a la gobernadora como a la alcaldesa, trabajar conjuntamente con las fuerzas militares y no permitir que un grupo de maleantes entren en propiedad privada, la incendien, prendan fuego a automóviles y camiones públicos, amenacen a familias y creen el terror en la sociedad indefensa ante estos hechos.
Es un llamado a las autoridades, representadas actualmente en Baja California y Tijuana por dos mujeres, probablemente con buenas intenciones, pero con poca experiencia para manejar estos graves problemas en el estado y ciudad.
Si aun así aceptaron el puesto, que aparte del glamour que representa, actos sociales, viajes de apoyo a posibles candidatos en el 2024 y fotografías promocionales, hay que estar más alertas ante estos eventos, que gracias a la brillante política de “abrazos y no balazos” los veremos con más frecuencia.
Como la esencial obligación en sus mandatos, es, a como dé lugar “Mantener la seguridad de la sociedad”.
