Malestar por cobro en el estacionamiento del penal y juzgados de Puerto Vallarta

Gran malestar ha causado a familiares de internos del Reclusorio de Puerto Vallarta, así como a abogados y ciudadanos que tienen que acudir a los juzgados que se ubican a un costado, la concesión dada al Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO) para que cobre 30 pesos por entrar al estacionamiento público, pero para obligar a pagar acordonaron e instaron señalética prohibiendo dejar sus automóviles enfrente de la penal y a un costado de la carretera 544, donde antes si podían aparcarse.

Esto ocurrió a mediados de febrero, con la inauguración de los juzgados civiles, el lado derecho del Reclusorio se dejó exclusivamente para los empleados y custodios, espacios que apenas alcanzan, mientras que la larga franja izquierda se cerró y solo se puede ingresar por una pluma, donde les dan un boleto con el logotipo de la INJALRESO, donde se puede leer que no se hacen responsables por daños y robo total de los automóviles.

Los supuestos beneficiados por los cobros públicamente no han señalado en que invertirán el dinero obtenido, INJALRESO es un organismo público descentralizado, encargado de capacitar y ofrecer trabajo a las personas privadas de su libertad y sus familiares, así como la comercialización de lo que producen los internos.

COLEGIO DE ABOGADOS PROTESTA Quienes levantaron la voz e hicieron llegar su inconformidad al Supremo Tribunal de Justicia son los integrantes del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, A.C., que preside Fernando Loza Valdez, quienes a través de un comunicado a toda la comunidad jurídica y publico en general manifestaron su postura:

“En principio nos solidarizamos con las protestas de las y los abogados que han manifestado su rechazo categórico a las restricciones de estacionamiento y cobro de cuota en zona de terracería de la nueva ubicación de los Juzgados Civiles y del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco. Consecuentemente reconocemos que dicha medida no solo afecta a las y los abogados, sino a las personas justiciables e inclusive a las y los funcionarios y servidores que laboran en los tribunales del fuero común”.

“En el Colegio, estamos abiertos al dialogo y comunicación con las autoridades del Poder Judicial, así como también con el Publio en general, desde luego siempre para las y los abogados que día a día frecuentan los tribunales y quienes verdaderamente reconocen dichas deficiencias. La postura es clara, estamos en la mejor disposición de colaborar en pro del ejercicio del Poder Judicial en nuestra región para que dignifique la labor de los órganos jurisdiccionales y el trabajo de las y los postulantes en beneficio de los justiciables”, subrayan en su escrito.