Los malandros empoderados están ampliando sus bases de apoyo

En nuestro país, México, las instituciones gubernamentales siempre han sido moldes flexibles que se adaptan y ajustan a la medida de su titular. En la gran mayoría de los países demócratas, son los políticos los que se tienen que ajustarse al molde de la institución acotada legalmente.

La presidencia del INE nos lo demuestra; la presidencia de la CNDH también es otra muestra; la presidencia de la república, ni se diga. Hay defensores de las instituciones que exigen que los estilos personales de gobernar se sometan y se subordinen al rigor de las instituciones. Este es el caso de aquellos que no soportan ni toleran que un presidente como AMLO rompa con todos los paradigmas y protocolos institucionales y haga de la presidencia un papalote.

Si el presidente López Obrador no acata la suspensión temporal o definitiva de un Juez para no continuar con las obras del Tren Maya, entra en desacato; si otro Juez le ordena recibir a una Senadora en la mañanera para ejercer el derecho de réplica, no le hace caso; si el INE o el TEPJF le extienden medidas cautelares, entra en prevaricato. El presidente López Obrador puede señalar “no me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”, y esa voz es la de Andrés Manuel, pero también es la de la institución presidencial.

Muchos exigen un presidente acotado; limitado; con la camisa de fuerza de la normatividad. Otros tantos prefieren un presidente rebelde con causa; irreverente; pícaro; violador de normas.

En el mundo, los malandros empoderados están ampliando sus bases de apoyo y están poniendo a prueba a los sistemas democráticos, y estos procesos de adaptación y ajustes están resultando muy costosos.