Rodrigo Benítez Pérez, magistrado de Nayarit desaforado por el Congreso de Nayarit a finales de noviembre de 2024, acusa al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, a su grupo más cercano de colaboradores y a la titular del Poder Judicial del Estado de Nayarit y de la Fiscalía de Nayarit,de intentar acabar con su vida el día que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el juicio de procedencia en su contra.

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De acuerdo con una investigación de la periodista Karina Cancino, en la que salió a relucir un documento de ampliación de denuncia marcado con el numeral NAY/TEP/III/RH/16626/2024 ante la Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Corporal de la Fiscalía General del Estado, realizada el pasado lunes 17 de febrero de 2025, es donde se evidenció el presunto acto en su contra.

Benítez Pérez declaró que el 14 de octubre de 2024, cuando se dio a conocer la solicitud de procedencia de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Congreso de Nayarit, tras salir de una reunión en las oficinas del Poder Judicial, fue atacado por un sujeto con una navaja en el estómago, quien le dijo: “Haz que parezca un suicidio”.

En ese momento, de acuerdo con la declaración del magistrado, entendió que el mensaje vendría del gobernador, ya que recordó sus frases como “kamikaze y suicida”. Por lo que, ese mismo día, presentó la denuncia, entregando material probatorio documental y físico, incluyendo la camisa que vestía el día del ataque, con manchas de sangre.

Ampliación de la denuncia e involucrados

La ampliación tiene que ver con la integración de más actores, no solo el mandatario estatal, y con otros delitos. En ella se nombra a José Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del Gobierno del Estado; Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general de Nayarit; Daniel Cortés Araujo, subfiscal general;

Así como a Diana López Zurita, jefa de asesores del Gobierno del Estado; Rocío Esther González García, secretaria general de Gobierno; Aracely Ávalos Lemus, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Elvia Ludmila Heredia Verdugo, directora general de Fibba, entre otras personas más.

Los presuntos delitos serían por tentativa de homicidio calificado, amenazas graves, extorsión, lesiones calificadas graves, abuso de autoridad, intimidación, contra el orden constitucional del Estado. Además, se mencionan presuntos delitos por asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, falsedad de declaraciones ante autoridades distintas a la judicial, tortura y los que resulten.

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Lo anterior sale a la luz a cerca de tres meses de haber sido desaforado y tras una serie de denuncias públicas en las que desnuda las operaciones del Gobierno de Nayarit en el Megaoperativo Nuevo Nayarit, el Fondo Soberano y algunas disputas por terrenos en Bahía de Banderas.

Esto al sentirse en peligro, tanto él como su familia, y al considerar infundadas y mentirosas las acusaciones en su contra.

EU