Lozoya busca reparar el daño por caso Odebrecht con una casa
De acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, los sobornos involucrados en el caso Odebrecht superan los 4 mil 200 millones de pesos.
Un lustro después…
Casi cinco años después de la primera indagatoria, este fraude aún no ha sido reparado ni por la constructora brasileña ni por los funcionarios federales involucrados.
Uno de los principales involucrados es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien desde hace más de un año ha estado en negociaciones con la FGR para no ser procesado.
Lozoya ofreció como pago para la reparación del daño una residencia ubicada en la ciudad de México y que tiene un valor de 30 millones de pesos.
De acuerdo a las indagatorias, esta casa fue adquirida después del pago de un soborno.
Sin embargo, los fiscales consideran esto insuficiente pues el funcionario pretende cubrir también los daños por el fraude con la empresa Altos Hornos.
Odebrecht
En el caso de Odebrecht no solo existieron contratos como pago de sobornos sino que además afectaron las finanzas de Pemex.
En febrero y marzo pasados, la Auditoría Superior de la Federación presentó dos denuncias ante la FGR por un fraude a Pemex por 1 mil 250 millones 555 mil 400 pesos como resultado de los contratos de Odebrecht en la refinería ubicada en Tula, Hidalgo.
Las auditorías corroboraron que el haber adjudicado de manera directa los contratos a Odebrecht trajo consigo que Pemex no buscara la mejor calidad ni los mejores precios para cubrir necesidades en las refinerías. Esto llevó a la existencia de sobrecostos por más de 700 millones de pesos.
En las investigaciones se detectó que la constructora brasileña presupuestó una mayor cantidad de insumos, por ejemplo, hubo una sobrante de varilla galvanizada por más de un millón 280 mil pesos que no se justificó ni se devolvió.
Al no haber aplicado las penas correspondientes, se creó una pérdida para las finanzas de la compañía.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que una gran parte de los recursos públicos que Odebrecht recibió por diversos contratos fueron desviados a una red de lavado de dinero.
Fueron más de 3 mil millones de pesos provenientes de Pemex y que fueron transferidos a Odebrecht y filiales, que resultaron ser 30 compañías fantasma, pues no contaban con recursos humanos ni materiales para realizar servicios.
Estos hechos llevaron a la UIF a presentar dos denuncias formales ante la FGR y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Emilio Lozoya.
Caso Lozoya
En julio del año pasado, dos jueces federales consideraron culpable a Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y peculado, entre otros.
Se calcula que recibió un poco más de 12 millones de dólares de Odebrecht y Altos Hornos de México.
El exfuncionario no ha sido enviado a prisión pues sus abogados iniciaron un proceso de negociación llamado “criterio de oportunidad”, que es una especie de perdón legal para aquellos implicados en un delito y que aportan información útil sobre delitos más graves.
Lo que el exdirector de Pemex ha ofrecido para pagar el daño es una residencia ubicada en la calle Ladera, en la colonia Lomas de Bezares en la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México; está valuada en 35 millones de pesos, aproximadamente.
La cesión de esta propiedad no se considera suficiente, por lo que también se ha pedido la entrega de bienes que no estén a su nombre sino de sus familiares. Entre los bienes que las autoridades reclaman está una residencia en Ixtapa, Guerrero que fue adquirida después de una operación que superó el millón 200 mil dólares.
Asimismo, los datos que Lozoya ha aportado no han sido suficientes pues no se han podido llevar a cabo los procesos penales en contra de las personas involucradas, incluidos tres expresidentes, gobernadores y secretarios de Estado.
La prueba más relevante que Lozoya ha aportado fue un video y recibos donde se comprueba que él coordinó la entrega de dinero en efectivo a Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN.
Estas pruebas solo alcanzaron para iniciar un proceso penal en contra de Lavalle, quien se encuentra en prisión preventiva desde abril pasado.
