La lucha de AMLO contra los organismos autónomos

Hace dos meses comentaba en este espacio que la intromisión de AMLO en el INEGI, al proponer a alguien de su gabinete para que formara parte de su Junta de Gobierno, olía a búsqueda de control.

A estas alturas no se puede pensar otra cosa. El presidente poco a poco le ha ido quitando poder a los organismos autónomos a través de la reducción de sus presupuestos que, para este año, representa un 25%.  

Trae pleito casado con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT), entre otros. Según él, han contribuido a fomentar la corrupción y quiere otorgarse las facultades de estos organismos, como si con ello se garantizara evitarla.

En 2013 la Ley Federal de Telecomunicaciones se reformó dejando atrás la COFETEL, creada en 1998, dependiente de la SCT, y que no era precisamente el mejor ejemplo de honestidad y transparencia (recordemos que las concesiones y sus renovaciones o prórrogas se otorgaban de manera discrecional).

Con el cambio se definieron reglas más claras y procesos transparentes y se abrió paso a la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nuevo responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley, con una estructura gigante, es cierto, pero también con claros objetivos en materia de competencia, regulación, investigación estadística, transparencia y promoción de los derechos de las audiencias, entre otros. Esto nunca se había visto en la historia de las telecomunicaciones en nuestro país.

AMLO asegura que con su desaparición se ahorrará mucho dinero. Para no variar, desaparecer antes de evaluar, limpiar (de ser necesario) y reestructurar, lo mismo pasó con los fideicomisos.

Es cierto que el gasto operativo es monumental, los sueldos del IFT, sobre todo el de los comisionados, es altísimo, incluso ganan más que el presidente, cosa que lo debe tener fúrico.

Pero una cosa es promover ajustes presupuestales y otra muy distinta desaparecer organismos que necesitamos, que nos dan información invaluable y determinante para la toma de decisiones.

El caso del IFT es paradigmático: ha fomentado como nunca antes la inversión en las telecomunicaciones, generando miles de empleos, pero también derramando al Estado miles de millones de pesos; hay que recordar la licitación pública del 2017 en la que el  IFT recaudó cerca de 7 mil 800 millones de pesos, sin tomar en cuenta las prórrogas de las concesiones que otorgan periódicamente y que representa un mayúsculo ingreso adicional.

En lugar de ver las múltiples ventajas de mantener en operación este órgano regulador (y también maquinita de hacer dinero), el presidente prefiere eliminarlo y aunque no será tan sencillo como decirlo en una mañanera -para lograrlo es necesario reformar la constitución- con la mayoría en el Congreso tampoco sería imposible. Hay sin embargo otro obstáculo: la autonomía de este organismo es un compromiso que contempla el T-MEC.

De acuerdo con lo señalado por Álvaro de la Cueva en entrevista con Maricarmen Cortés:

“El segundo punto, y quizá podría ser más delicado en términos constitucionales, tiene que ver con que la autonomía, la independencia del regulador de telecomunicaciones, fue pactada por el Estado Mexicano en el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

En el capítulo 18 el parágrafo 18.17, particularmente la nota al pie número 14, dice que no solamente debe ser el regulador independiente, sino para el caso mexicano señala con todas sus letras que la independencia se entiende como autonomía frente al Poder Ejecutivo.

Esto no parecería ser consistente con cualquier intento de regresar las atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones”. 

Y agregó: “Por cada peso que le ha costado al Estado Mexicano el IFT, en esos siete años, poco más de 10 mil millones de pesos, nosotros hemos generado esos casi 500 mil millones de ahorros a los mexicanos, esto es entonces una tasa de 50 a uno de rentabilidad del Instituto. Casi nadie, más bien, dudo que cualquier otra área del gobierno de la economía, la autoridad pública, pueda mostrar resultados semejantes”.

Así que esto no es precisamente un tema de “ahorro”.