La impunidad es sello distintivo de políticos mexicanos

En una actitud que parece haberse convertido en un desafortunado sello de los políticos mexicanos, la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el exdirector del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, han evitado asumir responsabilidades por los incidentes lamentables ocurridos durante sus gestiones en la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador. Este fenómeno no es nuevo, pero su continuidad y normalización en el aparato gubernamental generan una creciente frustración entre los ciudadanos.

En el caso de la secretaria Bárcena, su participación en un evento social que generó gran indignación entre los mexicanos ha puesto aún más en entredicho su gestión. En un caso emblemático, fue autorizada la celebración de una boda en el Museo Nacional, un recinto histórico cuyo uso indebido fue duramente criticado. Para agravar la situación, Bárcena estuvo presente en el evento y ahora intenta justificar su conducta a través de declaraciones en un medio de circulación nacional, a pesar de las pruebas que demuestran la irregularidad del acto.

Por su parte, Garduño ha sido señalado por una gestión caracterizada por el caos en la administración migratoria, incluida la tragedia en el centro de detención de Ciudad Juárez, donde murieron decenas de migrantes bajo custodia federal. Hoy, al igual que Bárcena, Garduño ha recurrido a los medios para justificar lo que, a los ojos de muchos, es una conducta negligente e indebida.

A pesar de las acusaciones y el clamor social por justicia, ambos se suman a una lista de exfuncionarios que evitan rendir cuentas por sus acciones u omisiones. Este patrón de impunidad, que también involucra a figuras de alto perfil como la presidenta Claudia Sheinbaum, pone de relieve un sistema que parece recompensar el fracaso y la irresponsabilidad. Sheinbaum, ahora presidenta, ha sido víctima de críticas por incidentes como el colapso de la Línea 12 del Metro y el derrumbe de la escuela Rébsamen, tragedias que cobraron decenas de vidas. Sin embargo, en lugar de enfrentar consecuencias, logró ascender a la máxima magistratura del país.

Para muchos, este fenómeno no es más que un reflejo de una cultura política en la que la rendición de cuentas es una rareza y las sanciones, una utopía. Mientras tanto, los responsables de graves omisiones son premiados con nuevas y más altas responsabilidades, ya sea en el servicio exterior, en instituciones gubernamentales o incluso en cargos de elección popular.

La percepción de que “nada pasa y todo sigue igual” ha cimentado la idea de que la impunidad no solo es un problema estructural, sino un elemento casi intrínseco del sistema político. Este contexto contribuye a la desilusión y la desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia sus gobernantes, quienes parecen operar bajo la certeza de que las consecuencias nunca les alcanzarán.

¿Es la impunidad un “timbre de orgullo” para los nuevos políticos de México y del mundo? La falta de sanciones y el constante reciclaje de figuras públicas envía un mensaje preocupante: el sistema premia la omisión y perpetúa un ciclo de negligencia, dejando a los ciudadanos atrapados en una dinámica donde la justicia parece siempre fuera de su alcance.

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