Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, recibe prisión preventiva por presunta extorsión y montaje
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Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, así como contra Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, tras una denuncia presentada por el senador morenista Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión, cohecho y falsedad de declaraciones.
La resolución establece que los tres permanecerán en aislamiento en un penal estatal en Nuevo León mientras se resuelve su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación fue programada para el 7 de marzo.
De acuerdo con la denuncia presentada por el legislador, durante el proceso electoral de 2024 la funcionaria habría instruido a su asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” a cambio de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por supuestos delitos de violación y amenazas contra el entonces candidato.
Según la acusación, la denuncia habría formado parte de un presunto montaje con fines electorales. Además, el abogado involucrado habría realizado llamadas telefónicas al senador para exigirle que abandonara la contienda política y entregara cinco millones de pesos, lo que derivó en la denuncia formal por extorsión.
Meses después, el equipo legal del senador amplió la querella ante la Fiscalía General de la República. Posteriormente, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de acción penal en la denuncia que originalmente se había presentado en su contra.
Karina Barrón fue detenida el domingo por la autoridad federal y el lunes se llevó a cabo la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al penal de Cadereyta.
El proceso penal se encuentra en una etapa inicial, por lo que las personas imputadas deben ser consideradas inocentes hasta que se dicte una sentencia firme.
