Justicia sí, caos no

Hace cerca de tres semanas, un accidente vial en el cruce de Francisco Medina Ascencio y Fluvial Vallarta cambió varias vidas para siempre. Dos vehículos chocaron. Uno de ellos se pasó un alto y circulaba a exceso de velocidad. Eso es un hecho.

Ambos conductores resultaron lesionados. Pero quien recibió el golpe más brutal fue Clarisa, impactada de lleno en uno de los costados de su vehículo, que quedó reducido a chatarra. Ella quedó gravemente herida. Días después, perdió la vida en un hospital.

Hasta ahí, no hay discusión posible. Hay una víctima fatal, una familia rota y una tragedia irreparable.

El problema comenzó cuando el silencio ocupó el lugar de la información.

Desde los primeros días surgió la especulación. Que el conductor presuntamente responsable iba alcoholizado. Que fue trasladado a un hospital privado. Que después desapareció. Que “lo dejaron ir”. Que gozaba de protección. Nada de eso estaba confirmado, pero la ausencia de datos oficiales claros alimentó la desconfianza social.

En este tipo de accidentes intervienen varias instancias. Tránsito municipal es el primer respondiente. Se hace cargo del hecho vial, pero no es testigo del accidente. Cuando hay lesiones graves o hechos de sangre, interviene la Fiscalía, a través del Ministerio Público.

En este caso, el presunto responsable también resultó lesionado y fue trasladado en ambulancia a un hospital. Durante días, esa circunstancia se convirtió en el eje de la sospecha pública: ¿por qué no fue presentado?, ¿por qué no se supo nada?, ¿quién falló?

Las preguntas crecieron porque nadie respondía.

Hasta hoy.

Este 29 de enero, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que el joven presuntamente responsable está localizado, que es originario de Puerto Vallarta y que la carpeta de investigación ya fue judicializada. El fiscal explicó que, aunque el conductor no fue puesto a disposición al momento del accidente debido a su condición médica, la investigación se integró de inmediato, ya se solicitó fecha para la audiencia de imputación y el proceso sigue su curso conforme a derecho.

No se dieron más detalles por el sigilo que exige la investigación. Y es entendible.

Este dato cambia el escenario.

Porque desmonta, al menos en los hechos formales, la narrativa de la impunidad absoluta. El proceso está en marcha. La autoridad afirma que el presunto responsable está identificado, localizado y en ruta hacia una audiencia judicial.

Y entonces surge una pregunta inevitable:
si el proceso legal está avanzando conforme al propio fiscal,
¿qué es exactamente lo que se sigue exigiendo en las calles?

Aquí entra el choque entre indignación social y realidad legal.

El nuevo sistema penal acusatorio no funciona con rumores ni con presión permanente. Funciona con denuncias, con integración de carpetas, con audiencias y con resoluciones judiciales. Es lento, es frío, es frustrante, pero es el marco legal vigente.

También hay que decirlo con claridad: hubo testigos del accidente. Muchos. En redes sociales se pidió apoyo para que declararan. Nadie quiso firmar. Nadie quiso asumir la responsabilidad legal de sostener una acusación. Sin testigos, sin denuncias formales iniciales, el camino se vuelve más complejo.

Eso no exonera a nadie, pero explica los tiempos.

Hoy, con la información oficial sobre la mesa, la discusión debería elevarse. No desaparecer, pero sí ordenarse. Porque cuando el proceso ya está judicializado, la presión social deja de ser un impulso de justicia y corre el riesgo de convertirse en ruido.

Y aquí aparece otro problema: el de los activismos que, con causas legítimas o intereses propios, utilizan el enojo colectivo para exacerbar los ánimos, bloquear vialidades y generar caos. El resultado es una ciudad detenida, afectaciones económicas y ciudadanos que también ven vulnerados sus derechos.

¿Dónde queda el libre tránsito?
¿Quién protege el derecho del otro?
¿Hasta dónde es válido paralizar a toda una ciudad?
¿Pagan justos por pecadores?

Nada de esto minimiza el dolor de la familia de Clarisa. Nada lo borra. Nada lo compensa. Pero la justicia no se construye con desinformación ni con presión indefinida cuando las instituciones ya están actuando.

La tragedia es real.
La indignación es legítima.
Pero hoy, más que nunca, el reto es otro: permitir que la justicia siga su curso y exigir resultados, no caos.

Porque si aun con una carpeta judicializada, con un imputado localizado y una audiencia en puerta, la exigencia sigue siendo el desorden, entonces habrá que preguntarse si todos estamos pidiendo justicia… o si algunos ya están pidiendo otra cosa.