Justicia para unos. Injusticia para otros

La madrugada de este miércoles, el juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Erick, presunto responsable del homicidio culposo de Clarisa, ocurrido el pasado 12 de enero en la confluencia de Fluvial Vallarta y Francisco Medina Ascencio. El proceso judicial, que muchos dieron por inexistente, hoy camina con más de 50 pruebas en la mesa. La justicia no apareció por presión de la calle, apareció porque así funciona —con tiempos, sigilo y procedimientos— el sistema penal.

Durante días se construyó una narrativa de impunidad que hoy se cae por su propio peso. Que no había pruebas, que no hubo alcoholemia, que el imputado fue protegido, que hubo colusión del hospital, que el Ayuntamiento encubrió, que Tránsito fue omiso. Todo se dijo con ligereza, todo se afirmó sin pruebas, todo se convirtió en verdad absoluta para quien necesitaba un enemigo claro. Hoy, los hechos demuestran que muchas de esas acusaciones fueron, en el mejor de los casos, especulación; en el peor, manipulación del dolor.

Aquí hay una tragedia evidente: la muerte de Clarisa y una familia rota para siempre. No hay sentencia que repare una ausencia ni proceso judicial que devuelva lo perdido. El responsable deberá pagar con cárcel, con reparación del daño y con la carga moral de haber arrebatado una vida por una imprudencia criminal al volante. Eso no se discute. Pero hay una segunda tragedia de la que nadie quiere hablar: la de una familia que, aun cuando uno de sus integrantes sea culpable, también queda destrozada por el peso de una condena que no se vive en solitario.

El problema es que hemos aprendido a mirar la realidad en blanco y negro. A elegir un bando cómodo. A creer que el dolor propio otorga licencia para atropellar derechos ajenos. Un grupo reducido decidió secuestrar la ciudad bajo la premisa de que el fin justifica los medios. Bloquearon avenidas estratégicas, colapsaron la movilidad, afectaron a miles de trabajadores, comerciantes, pacientes, estudiantes y turistas que no tenían relación alguna con el hecho que detonó su enojo.

Más de cinco mil cruceristas que no pudieron descender, vuelos perdidos, empleos a los que no se llegó, comercios que no vendieron, servicios paralizados. ¿Quién responde por ese daño colectivo? ¿Quién paga la derrama que no llegó? ¿Quién repara el derecho vulnerado de miles de ciudadanos que solo querían transitar por su ciudad? De ese agravio nadie se hace responsable, porque el caos, cuando se justifica con dolor, se vuelve invisible.

La autoridad, por su parte, decidió mirar desde la orilla. Prefirió la comodidad de la inacción al costo político de imponer el orden. Renunció a su obligación de proteger el derecho colectivo y mandó un mensaje peligroso: bloquear funciona. Hoy fue por una causa que muchos consideran legítima; mañana será por cualquier otra, real o fabricada. El precedente es más grave que el bloqueo mismo.

La justicia debe castigar al responsable del homicidio. Ojalá lo haga con la mayor severidad que permita la ley. Pero también deberíamos preguntarnos cuándo vamos a exigir cuentas por el daño que provocan quienes, en nombre de una causa, deciden convertir a una ciudad entera en rehén de su furia. El dolor no otorga patente de corso. La indignación no sustituye al Estado de derecho. Y la calle, por más que grite, no es tribunal.

Puerto Vallarta necesita justicia, sí. Pero también necesita orden, legalidad y autoridades que entiendan que gobernar no es quedar bien con todos, sino defender el derecho de la mayoría aunque incomode a unos cuantos. Porque cuando la autoridad abdica, el caos deja de ser excepción y se vuelve costumbre. Y en esa normalización del desorden, todos terminamos perdiendo.