Remueven a jueza en Puerto Vallarta, María Karina, por casos de abuso infantil
Foto: FB-@Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco decidió cambiar a la jueza María Karina Dolores Rivas Gutiérrez del cargo que encabezaba en Puerto Vallarta , luego de que fuera señalada por presuntamente favorecer a un acusado de abuso sexual infantil y desatender los derechos de las víctimas. La decisión se tomó a menos de 24 horas del Día Internacional de la Mujer, en medio de cuestionamientos sobre su acto.
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La medida se tomó en un contexto de creciente tensión, ante la inminente manifestación de grupos de mujeres hacia las oficinas de la Fiscalía Regional de Justicia, desde donde la jueza despachaba en el Centro de Justicia para las Mujeres. Karina Dolores es juez de control, juicio oral, justicia integral para adolescentes y ejecución penal especializada en violencia contra las mujeres.
La protesta tendría como objetivo denunciar la actuación de la jueza Dolores, a quien se acusa de confabular con los abogados Jorge Valencia y Adán Cárdenas para presuntamente favorecer a Carlos Jesús N., acusado de abusar de menores bajo la excusa de clases de regularización.
Las sospechas de parcialidad se intensificaron al revelarse que el abogado Adán Cárdenas, también profesor de derecho en el Centro Universitario de la Costa, había sido administrador del juzgado donde ejercía la jueza Dolores. Esto alimentó las acusaciones de posibles acuerdos para beneficiar al presunto agresor.
La jueza y los abogados involucrados habrían omitido la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, un principio reafirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de febrero. La SCJN estableció que dichos delitos, independientemente del tiempo transcurrido, deben ser investigados y sancionados, argumentando el impacto duradero en las víctimas y su derecho a denunciar cuando se sientan preparadas.
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La decisión de la Judicatura de cambiar la adscripción de la jueza Dolores se interpreta como una respuesta a la presión pública y a las denuncias de una posible negligencia en el manejo de un caso que involucra a víctimas vulnerables.
