Jueza federal de EU acusa a gobierno de Donald Trump de “atemorizar” inmigrantes

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En una resolución que ha sacudido los cimientos judiciales de California, la jueza federal de distrito, Sunshine Sykes, lanzó una dura ofensiva legal contra la administración del presidente Donald Trump.
La magistrada acusó formalmente al gobierno de “aterrorizar” a la comunidad migrante y de incurrir en violaciones legales de manera temeraria.
De acuerdo con el fallo emitido a última hora del miércoles en Riverside, Sykes sostuvo que las tácticas del Ejecutivo para deportar a millones de indocumentados han escalado a niveles de violencia que ya alcanzan a los propios estadounidenses.
En su argumentación, citó como ejemplos las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota, asegurando que la Casa Blanca ha “extendido su violencia a sus propios ciudadanos”.
Desacato deliberado y falta de garantías
La jueza fue enfática al señalar que el gobierno ignoró una orden emitida en diciembre pasado. En dicho fallo, se determinó que era ilegal privar a los inmigrantes detenidos de la posibilidad de ser liberados.
Bajo las nuevas instrucciones de Sykes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está obligado a:
- Notificar a los detenidos si son elegibles para libertad bajo fianza.
- Garantizar acceso a un teléfono para contactar a un abogado en un plazo máximo de una hora.
Cabe destacar que, en septiembre, la jueza ya había desechado un criterio de un tribunal de inmigración que el gobierno utilizaba para justificar su política de detención obligatoria.
La respuesta del gobierno: “La ley está de nuestro lado”
Tras la publicación del fallo, la Casa Blanca evitó declaraciones directas y remitió el asunto al DHS. A través de un comunicado, la agencia de seguridad afirmó que la Corte Suprema ha fallado históricamente a favor de la detención obligatoria, contradiciendo a los tribunales inferiores.
“El ICE tiene a la ley y los hechos de su parte. Nos adherimos a las decisiones de la corte hasta que logramos que sean invalidadas por el más alto tribunal de la tierra”, sentenció la dependencia.
Un cambio de política con saldo judicial
La administración Trump eliminó la práctica de gobiernos anteriores, donde personas sin antecedentes penales podían solicitar audiencias de fianza. Ahora, la detención obligatoria es la norma, lo que ha provocado una saturación en el sistema legal.
Desde la investidura de Trump, se han contabilizado más de 20,000 casos de hábeas corpus en tribunales federales. Aunque los jueces han ordenado múltiples liberaciones, denuncian que el gobierno ignora sistemáticamente estos mandatos.
Tensión en otros estados
El conflicto no se limita a California. En Minnesota, un juez federal declaró en desacato a un abogado del gobierno por negarse a devolver documentos de identidad a un inmigrante ya liberado.
Por su parte, en Nueva Jersey, el juez Michael Farbiarz exigió explicaciones tras detectar que los funcionarios de Trump incumplieron los plazos para audiencias de fianza en 12 de 550 casos recientes. “Las órdenes judiciales nunca deben violarse”, advirtió el magistrado.




