Juez federal concede suspensión a Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila
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Un juez federal concedió una suspensión provisional a Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado.
La resolución abre una pausa en el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada con fines de secuestro y por secuestro. Aunque el amparo fue admitido, la medida no implica su liberación ni modifica las medidas cautelares que enfrenta actualmente.
El caso continúa bajo revisión mientras se analiza si el ex funcionario logra revertir la vinculación a proceso que dictó previamente un juez.
Proceso seguirá, pero sin llegar a juicio
El juez Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, admitió la demanda de amparo y otorgó la suspensión provisional.
Con esta medida, el juez de control responsable de la causa penal 39/2026 podrá continuar con el procedimiento hasta la etapa intermedia. Sin embargo, deberá detener cualquier avance hacia la apertura del juicio oral.
El juzgador estableció que la audiencia para decidir si se concede la suspensión definitiva se realizará el próximo 17 de marzo.
También precisó que otorgar la medida cautelar no afecta el interés social ni viola disposiciones de orden público. Por el contrario, argumentó que negarla podría provocar daños de difícil reparación.
Red criminal dentro del ayuntamiento
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Rivera Navarro habría participado en una red criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las indagatorias señalan que el ex alcalde presuntamente estuvo involucrado en secuestros, torturas y presiones contra comerciantes y empresarios del sector tequilero.
La carpeta de investigación identifica como operadores clave a Julio César Limón Trigueros, jefe de gabinete municipal, y a Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”.
Según testimonios de víctimas y testigos protegidos, Limón Trigueros coordinaba la estructura política interna del ayuntamiento y supuestamente encubría actividades ilícitas de funcionarios, además de facilitar la protección de la red frente a posibles acciones legales.
